Organizaciones comunitarias, defensores de la salud y el medio ambiente y otros políticos le expusieron a Pritzker en 2020 que debería negar un permiso estatal de construcción y exigir un plan de control de la contaminación del aire para la operación de General Iron.
Tyler Pasciak LaRiviere/Sun-Times
Casi cuatro años después de que la administración del gobernador J.B. Pritzker diera el visto bueno para que la operación de chatarra de General Iron se trasladara al lado sureste, él decidió que el estado de Illinois examine más detenidamente el probable impacto ambiental futuro antes de permitir que tales empresas que producen contaminación se trasladen a zonas de bajos ingresos.
El acuerdo hecho público el viernes con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) compromete a Illinois a considerar el impacto de permitir una industria más contaminante en vecindarios de bajos ingresos que ya están agobiados por tensiones ambientales y sociales.
Según el acuerdo, provocado por una queja de grupos del sureste de Chicago, los funcionarios ambientales de Illinois reforzarán su supervisión de los contaminadores que estén estableciendo operaciones o expandiéndose. Las nuevas medidas incluyen más notificaciones a los residentes y posibles reuniones públicas.
Las violaciones anteriores de las leyes ambientales pueden desencadenar controles o monitoreos adicionales de la contaminación del aire. La ubicación de los contaminadores cerca de escuelas, guarderías y centros de salud será objeto de un mayor escrutinio.
Organizaciones comunitarias, defensores de la salud y el medio ambiente y otros políticos le expusieron a Pritzker en 2020 que debería negar un permiso estatal de construcción y exigir un plan de control de la contaminación del aire para la operación de General Iron que se estaba trasladando de Lincoln Park. Los funcionarios ambientales de Pritzker dijeron que no tenían más remedio que aprobar el proyecto en East 116th Street a lo largo del Río Calumet.
El estado seguirá siendo restringido por sus propias leyes sobre permisos ambientales, y no está claro si las nuevas medidas adicionales resulten en denegaciones absolutas que impidan que los contaminadores operen. Los defensores esperan que se tomen medidas significativas para proteger la salud en las llamadas comunidades de justicia ambiental.
“El acuerdo es un suspiro de aire fresco para las comunidades de justicia ambiental en Illinois”, dijo Olga Bautista, codirectora ejecutiva del Grupo de Trabajo Ambiental del Sureste. “Ahora necesitamos ver cómo [el estado] implementará este acuerdo histórico y centrará la salud y la seguridad pública en permisos futuros”.
Dicho esto, “la ubicación de poblaciones sensibles y con diversos indicadores socioeconómicos” estarán entre los factores considerados en las solicitudes de permisos de aire, dijeron funcionarios ambientales estatales en un comunicado. Los permisos de aire permiten a las empresas emitir contaminación mientras no supere un umbral determinado.
El estado celebró el acuerdo “voluntariamente”, añade el comunicado.
La aprobación estatal de General Iron por parte de la administración de Pritzker impulsó la polémica decisión de la entonces alcaldesa Lori Lightfoot sobre si aprobar o no un permiso final que permitiría abrir la operación. A principios de 2022, Lightfoot negó el permiso, decisión que aún se está disputando en los tribunales.
Como resultado, la operación de trituración de metales completamente construida, rebautizada como Southside Recycling, permanece inactiva.
Sin embargo, el papel inicial de la Municipalidad al ayudar a la empresa a mudarse de su antiguo hogar en el lado norte continúa dando forma al trato que Chicago les da a las empresas contaminantes.
En virtud de un acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés), se espera que el Concejo Municipal de Chicago considere una ordenanza propuesta este año que reforme las prácticas de zonificación y uso de la tierra e intente limitar la industria contaminante en las comunidades de justicia ambiental. Ese acuerdo siguió a una investigación de HUD provocada por la controversia de General Iron.
People for Community Recovery, la organización de Bautista, y otro grupo comunitario del sureste presentaron la queja a HUD en agosto de 2020. Apenas unos meses después, los mismos grupos pidieron a la EPA que investigara la aprobación estatal de General Iron, planteando preocupaciones similares sobre derechos civiles.
Esas preocupaciones provocaron una investigación por parte de la EPA bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles que resultó en el acuerdo recién anunciado.
“El acuerdo de hoy refleja el compromiso de la EPA de mantener diálogos constructivos con los estados”, dijo el portavoz de la agencia Nick Conger, “para buscar resoluciones que resulten en protecciones duraderas y significativas para las comunidades más vulnerables a la contaminación”.
El administrador de la EPA, Michael Regan, se ha interesado en la cuestión de General Iron. Antes de negar el permiso, Lightfoot detuvo el proceso de solicitud a instancias de Regan, quien sugirió que se realizara una evaluación del impacto en la salud de la comunidad.