Trece organizaciones sin fines de lucro con sede en Illinois están denunciando lo que dicen que es el desmantelamiento silencioso de un programa federal de muchos años que brinda asistencia legal a inmigrantes de bajos ingresos.
Durante más de 60 años, el Departamento de Justicia ha operado el Programa de Reconocimiento y Acreditación. Este programa permite que personas que no son abogados ofrezcan servicios legales y ha hecho que la representación asequible esté disponible para familias que no pueden permitirse un abogado privado.
Los abogados principales del Departamento de Justicia que dirigían el programa fueron reasignados abruptamente para trabajar como pasantes de derecho de nivel inicial, según el Proyecto Resurrección y una docena de otras agencias asociadas.
“El gobierno federal ha estado atacando a los inmigrantes, a nuestros vecinos, a nuestros maestros, a nuestros trabajadores desde el principio. Limitar la capacidad de las personas para vivir una vida plena, para participar en sus comunidades, al impedirles incluso tener acceso a un abogado cuando están en la corte es solo una forma más en que la administración federal está haciendo eso”, dijo Tovia Siegel, directora de organización y liderazgo de Justicia Inmigrante en el Proyecto Resurrección de Chicago.
El grupo indicó que no hubo advertencias previas para las más de 900 organizaciones sin fines de lucro y 2,600 representantes acreditados en todo el país que participan en el programa.
Siegel señaló que ya hay una necesidad masiva de representación, mientras que también hay una falta de debido proceso para los inmigrantes que solicitan beneficios mientras luchan contra la deportación.
“Lo que hace este programa es ampliar el acceso… a una representación legal de alta calidad y confiable a través de organizaciones sin fines de lucro, a una representación asequible, de bajo o ningún costo, un servicio realmente esencial que necesitan los inmigrantes”, dijo Siegel.
“El desmantelamiento de este programa es solo una forma más insidiosa en que la administración de Trump ha socavado la capacidad de las personas para tener debido proceso cuando enfrentan su día en la corte, cuando enfrentan una posible separación familiar o ser enviadas a un país en el que no creen que puedan estar seguros, o a veces, que ni siquiera han vivido”.
Liza Gutiérrez, directora de programas para inmigrantes de Partners for Our Communities en Palatine, dijo que es una gran pérdida no contar con el programa.
“Hemos estado luchando por la equidad al obtener representación para los más necesitados en nuestras comunidades. Cuando se trata de obtener representación para alivio migratorio, simplemente no hay suficiente y las personas no pueden permitirse contratar a un abogado tradicional”, dijo Gutiérrez, quien es representante acreditada por el Departamento de Justicia.
Sin el programa, Gutiérrez teme que los inmigrantes de bajos ingresos, desesperados por obtener estatus legal, puedan ser engañados por otros.
“Vemos personas que cobran entre $10,000 y $20,000 por presentar un caso de asilo, que sólo debería ser una tarifa anual de $100”, dijo Gutiérrez. “Esto significa que ahora las personas que están en la escala de ingresos más baja no podrán acceder a representación. Sabemos que esa representación es lo que hará que un caso sea ganable. Cuando te presentas a la corte sin representación, es muy probable que no ganes el caso”.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a las preguntas sobre el programa.
Otros grupos de Illinois que han firmado una carta en apoyo al programa son: Partners for Our Communities; Hanul Family Alliance; Binational Institute of Human Development; Spanish Community Center; Latino Policy Forum; AKWAABA QC; La Casa Norte; Chicago Workers Collaborative; FEDECMI/Casa Michoacan; Instituto del Progreso Latino; United African Organization; y Erie Neighborhood House.
Los grupos están pidiendo al Departamento de Justicia que reincorpore a los abogados principales a sus funciones en el programa de Reconocimiento y Acreditación. También están haciendo un llamado al Congreso para que ejerza su autoridad de supervisión y exija una contabilidad pública completa de los cambios en el programa.
Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (AI) y editado por La Voz Chicago