Venezolanos en Chicago enfrentan la decisión de Trump de terminar con el estatus de protección

Kharim Rincón sostiene un plato con lo que podría ser la hamburguesa más alta de la historia.

“Le ponemos lechuga, jitomate, chuleta de cerdo ahumada y pechuga de pollo, tocino, jamón, queso, palitos de papa y nuestras salsas”, dijo Rincón, “y esta será mi cena”.

Pero antes de intentar decirlo, saca su teléfono para grabar unos segundos de video para las redes sociales.

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“Estoy tratando de hacer algo de contenido para atraer a más personas”, dijo.

Rincón siempre está apurado, incluso cuando el negocio está lento, como sucedió esa noche.

Él y su esposa abrieron su primer Rica Arepa en 2017. Incluyendo el patio climatizado, el restaurante tiene capacidad para 47 personas en Hermosa, un vecindario del lado norte donde se han establecido muchos venezolanos.

“Normalmente, a esta hora del día, estamos llenos”, dijo Rincón. “Pero no hay ni un solo cliente aquí [hoy]”.

Con clientes o sin ellos, tiene gastos, empezando por la nómina.

“Tengo tres personas trabajando en la cocina y dos en la recepción, y pagamos por hora”, comentó Rincón, señalando a su equipo esa noche. “Así que, cada minuto cuenta aquí en este negocio. Así es la situación actual”.

La situación es que el presidente Donald Trump amenaza con deportar a los inmigrantes en masa, lo que hace que muchos de ellos tengan miedo de comer fuera, y rescindir la protección contra la deportación para cientos de miles de venezolanos, incluidos Rincón y su esposa.

A eso de las 6:30 p.m., el negocio finalmente se recuperó.

En la cocina, un cocinero de 24 años de edad llamado Roger sirvió un abundante guiso llamado sancocho.

Roger, que no reveló su apellido por miedo a ser objeto de deportación, es uno de las dos docenas de empleados de la cadena de restaurantes. Casi todos son venezolanos, incluido él.

Trabaja a tiempo completo y gana lo suficiente para alquilar una habitación, tener un auto y enviar dinero a sus familiares en su país de origen.

Rincón y su esposa, María Uzcátegui, han prometido hacer todo lo posible para proteger a los empleados si llegan agentes de inmigración.

Pero con el negocio en crisis y dos niños pequeños en casa, Rincón y Uzcátegui casi han llevado al límite sus tarjetas de crédito, dijo. Mientras Rincón va de un restaurante a otro, Uzcátegui está tratando de complementar sus ingresos como agente inmobiliario.

Mucha gente depende de ellos. Además de sus hijos, sus empleados y sus familias, la pareja ahora posee pequeñas propiedades en alquiler, que proporcionan viviendas a otras familias. Si sus negocios colapsan, el impacto se extenderá mucho más allá de sus cuatro paredes.

Con o sin el Estatus de Protección Temporal (TPS), muchos venezolanos tienen la intención de quedarse en Chicago. Pero la incertidumbre de perder esas protecciones está resonando en la comunidad venezolana y más allá. Está ejerciendo presión sobre los dueños de negocios, haciendo tensas las relaciones y obligando a las familias a considerar la posibilidad de esconderse.

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“Da un poco de miedo”, comentó Rincón, “pero no estamos aquí para tener miedo. Siempre esperamos lo mejor y siempre [estamos] con la mejor actitud”.

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Kharim Rincón saluda a los clientes en Rica Arepa, 2913 N. Lincoln Ave., en el vecindario de Lake View en Chicago.

Anthony Vazquez/Sun-Times

Una mañana fría, antes del amanecer, Rincón avanzó lentamente con un camión de comida de 16 pies por un callejón angosto detrás del restaurante de Hermosa.

“Cuando hace tanto frío, nos resulta difícil cargar el camión y luego descargarlo, pero aun así tenemos que hacerlo”, explicó Rincón. Se dirige a un mayorista de alimentos para restaurantes para comprar suministros para una semana para los tres restaurantes de la pareja.

Mientras el motor se calentaba, Rincón relató su llegada a Estados Unidos en 2014 con Uzcátegui. Él tenía 20 años de edad y ella 18. Se quedaron más tiempo del permitido por sus visas de turista y trabajaron en todo tipo de empleos, empezando en Miami, donde Rincón aprendió a dirigir la cocina de un restaurante colombiano.

En 2015, se mudaron a Chicago. Uzcátegui trabajaba en la acera, vendiendo arepas frescas, los tradicionales panes planos de maíz sudamericanos. Ahorraron para tener su propio restaurante.

Al carecer de números de Seguro Social, utilizaron pasaportes venezolanos para obtener un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) del Servicio de Impuestos Internos. Eso les permitió abrir Rica Arepa y pagar impuestos.

El restaurante de Hermosa abrió en 2017 y le fue bien.

A principios de 2021, abrieron un local en Lake View, mientras Chicago se recuperaba de la pandemia de COVID-19.

Más tarde ese año, el entonces presidente Joe Biden otorgó el Estatus de Protección Temporal a los venezolanos, en referencia a la agitación política y económica de su país bajo el líder autoritario Nicolás Maduro. El estatus los protegió de la deportación.

Para Rincón y Uzcátegui, el TPS les abrió las puertas a tarjetas de crédito, préstamos comerciales e hipotecas para viviendas. En 2022, compraron una casa para su familia en el vecindario de Austin. Pronto, se expandieron a otros edificios y se convirtieron en propietarios que le alquilaban una vivienda a 12 familias de clase trabajadora, en su mayoría inmigrantes.

Ana Gil García, fundadora de la Alianza Venezolana de Illinois, dijo que Rincón y Uzcátegui se han convertido en un pilar de la comunidad venezolana de Chicago.

“Kharim tiene este empuje, y lo mismo María”, destacó Gil García. “Sobrevivieron al COVID-19 cuando otros negocios no lo hicieron. Han apoyado a cientos de venezolanos”.

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Gil García dijo que la familia personificaba la diversidad étnica y lingüística de Chicago y su reputación como un lugar donde los recién llegados pueden salir adelante trabajando duro: “Se ajustan a lo que es esta ciudad”.

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Carolina Sandoval juega con su nieto Isaac en la cocina de la familia en el lado suroeste.

Ashlee Rezin/Sun-Times

En 2022, mientras Rincón y Uzcátegui compraban una casa familiar, Carolina Sandoval y Juan Machado acababan de llegar a Chicago.

Sandoval y Machado llevan 25 años juntos. En Venezuela, Machado trabajaba como policía y ella administraba tres puestos de comida en Caracas, la capital. Huyeron en 2018, después de que la economía colapsara, el gobierno obligara a Machado a dejar la fuerza policial y los hijos de Sandoval enfrentaran el acoso violento de las pandillas progubernamentales.

Ahora viven en un pequeño apartamento de dos habitaciones en el suroeste de Chicago. Tienen trabajo, ahorros y un auto.

Un sábado por la mañana, Sandoval y Machado intentaron sentarse a tomar su café matutino mientras su nieto pequeño entraba y salía de la cocina corriendo tras una pelota. Por primera vez en años, su familia tiene una rutina fija.

Pero desde que Trump prometió realizar deportaciones masivas, la pareja ha estado discutiendo su futuro. Machado quiere regresar a Venezuela en lugar de arriesgarse a ser arrestado y expulsado. Sandoval quiere apostar por Chicago, incluso si eso significa esconderse de los agentes de inmigración. El desacuerdo está tensando su matrimonio.

En Chicago, solicitaron asilo y recibieron el TPS y un permiso de trabajo. Los hijos adultos de la pareja llegaron meses después.

Ahora, toda la familia podría ser deportada. Su sentido de estabilidad está desapareciendo. Aparte de ir a trabajar, Machado y Sandoval han evitado salir de su casa, por temor a encontrarse con agentes de inmigración.

“Estamos cambiando nuestra rutina”, dijo Machado. “Intentaremos hacer un viaje a la tienda y a la lavandería”.

La pareja también se ha unido a un chat en línea en el que los inmigrantes de Chicago informan haber visto a funcionarios de inmigración.

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Juan Machado y su esposa, Carolina Sandoval, corren el riesgo de ser deportados. La pareja no está de acuerdo sobre qué hacer a continuación.

Ashlee Rezin/Sun-Times

Sandoval, de 47 años de edad, dice que ha retirado sus ahorros de su cuenta bancaria. Pero a pesar de las noticias sobre arrestos y deportaciones por inmigración, ella no quiere creer que le pueda pasar a su familia.

“Si Dios me trajo hasta aquí es porque estaba destinada a estar aquí”, dijo Sandovalmy agregando que quiere comprar una casa y comenzar su propio negocio de comida. Regresar a Venezuela no es una opción.

Pero Machado no quiere correr el riesgo de terminar en un centro de detención. Recuerda haber tenido que usar un overol naranja y esposas cuando fue detenido hace años por funcionarios fronterizos de Estados Unidos.

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Como ex policía, la experiencia fue particularmente humillante, compartió.

La idea de ser arrestado, deportado y enviado a otro país lo mantiene despierto por las noches.

“Me estoy haciendo demasiado viejo”, compartió Machado. “No quiero comenzar de nuevo en un nuevo país si nos obligan a irnos”.

Pero Sandoval sigue recordándole a Machado las luchas en Venezuela. Una vez, uno de sus hijos casi fue secuestrado y asesinado. “Se puso feo, muy feo”, dijo.

No se trataba sólo de la violencia en ese país: después de que Maduro asumió el poder, la familia tuvo dificultades para costear los artículos básicos de vida.

“Nos quedábamos despiertos toda la noche, esperando en la fila, para poder comprar comida”, dijo Sandoval.

Pero a Machado le gustaría volver a su patria y ayudar a reconstruir su país si vuelve la democracia.

No está claro qué hará la pareja. A menos que uno de ellos cambie de opinión, podrían terminar viviendo en diferentes países.

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Kharim Rincón y su esposa, María Uzcátegui, comen con su hijo en el primer restaurante de la familia, Rica Arepa, en el 4253 W. Armitage Ave., en el vecindario de Hermosa en Chicago.

Anthony Vazquez/Sun-Times

La decisión de Trump de permitir que finalice el TPS privará del estatus de protección a 350,000 inmigrantes venezolanos, incluidos Sandoval y Machado, el 8 de abril.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, elogió la medida en Fox News y no distinguió a los inmigrantes respetuosos de unos pocos criminales entre ellos: “La gente de este país quiere que estos canallas se vayan”.

Otros 250,000 venezolanos perderán el TPS en septiembre.

Entre ellos se encuentran Rincón y Uzcátegui, la pareja propietaria de la cadena de restaurantes Rica Arepa. No solicitaron asilo, lo que les habría otorgado una autorización de trabajo temporal, y parecen carecer de otra vía para reemplazar sus documentos de trabajo vinculados al TPS.

Sin el TPS, sus identificaciones de Illinois perderán validez. Administrar los restaurantes y las propiedades en alquiler será mucho más difícil. Y podrían ser presa fácil para los agentes de inmigración, porque para obtener el TPS en primer lugar se requirió una solicitud detallada a las autoridades federales.

“Saben dónde vivo, conocen todos mis negocios”, destacó Rincón. “Saben todo sobre mí. Así que simplemente pueden sacarme”.

Rincón dijo que los federales parecen ver a la pareja como criminales, en lugar de empresarios exitosos y creadores de empleos.

“Sólo estamos tratando de estar vivos aquí”, dijo con los ojos llenos de lágrimas. “Siento que este es mi país ahora. Este es mi hogar ahora”.

Rincón dijo que intenta no pensar en lo que podría pasarle a las personas que dependen de él: a él y a su esposa, a sus hijos, a los inquilinos de la familia, a los empleados de Rica Arepa y a sus familias.

Si deja que el miedo se apodere de él, dijo, las personas que dependen de él también lo harán.

“Tengo que ser fuerte”, compartió Rincón con incertidumbre. “Soy el capitán del barco”.

Chip Mitchell informa para WBEZ Chicago sobre seguridad pública; síguelo en Bluesky y X. Adriana Cardona-Maguigad informa para la estación sobre inmigración; síguela en Bluesky y X.

Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago

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