El presidente Donald Trump ordenó esta semana el cierre de las oficinas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) que ayudan a las comunidades de bajos ingresos afectadas por la contaminación.
Esta orden fue una de las docenas destinadas a rescindir las protecciones sanitarias y ambientales.
No se sabe con certeza cuántos puestos se eliminarán en Chicago, pero los dirigentes sindicales estiman que podría afectar a entre 20 y 30 de los aproximadamente 1,000 empleados regionales de la EPA. Lo más significativo es que la orden pone fin a una práctica de “justicia ambiental” en la agencia que ha respondido a las personas amenazadas por la contaminación en zonas urbanas y rurales.
La justicia ambiental, que nació en Chicago hace décadas, es un movimiento que reconoce cómo las comunidades más pobres a menudo experimentan mayor contaminación del aire, el agua y la tierra que las áreas más prósperas. En la EPA, los programas de justicia ambiental se han centrado en la protección del agua potable, así como en los residuos peligrosos y otros problemas.
“La justicia ambiental simplemente significa garantizar la protección de las comunidades más desproporcionadamente afectadas por la contaminación”, declaró Nicole Cantello, presidenta del sindicato que representa a los empleados de la EPA en Chicago y en todo el Medio Oeste. “La misión principal de la EPA es simple: proteger la salud humana y el medio ambiente”.
Cantello había estimado previamente que más de 100 trabajadores de la EPA en el área de Chicago se habían jubilado, renunciado, fueron despedidos o descansados a medida que Trump reducía las filas. Afirmó haber perdido la cuenta y no pudo obtener respuestas claras de los gerentes de la agencia sobre el número de empleados. Los funcionarios de la EPA se han negado a proporcionar cifras de personal para Chicago.
Bajo la presidencia de Trump, los altos mandos de la EPA han equiparado la justicia ambiental con programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), algo que el presidente ha criticado.
“La EPA reafirma su compromiso de servir a todos los estadounidenses con igual dignidad y respeto”, declaró Lee Zeldin, administrador de la agencia designado por Trump, en un comunicado.
El número de empleados de justicia ambiental en la EPA aumentó a más del doble, alcanzando alrededor de 200, durante la presidencia de Joe Biden, según el exfuncionario de la agencia Matthew Tejada.
Cerca de 120 de esos empleados estaban distribuidos en 10 oficinas regionales, incluyendo la de Chicago, explicó Tejada, quien ahora es vicepresidente principal especializado en salud ambiental en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC).
“Trabajan en infraestructura hídrica y en la eliminación de líneas de servicio de plomo, en el impacto acumulativo y en la calidad del aire, así como en la limpieza de residuos y contaminación, como en East Chicago”, añadió, refiriéndose a un amplio programa de remediación para eliminar el plomo del suelo en Indiana.
El miércoles, Zeldin fue aún más lejos al anunciar otras 30 iniciativas para reducir las protecciones sanitarias y ambientales, clasificándolas como la “mayor medida desreguladora en la historia de Estados Unidos”.
Estas medidas incluyeron la reducción de las medidas de protección contra la contaminación atmosférica para las plantas de carbón, una revisión planificada de las normas sobre contaminación por partículas finas iniciada bajo el gobierno de Biden y la eliminación de los requisitos destinados a frenar el calentamiento global.
“Estamos clavándole un puñal directamente en el corazón a la religión del cambio climático”, declaró Zeldin en un video incluido en un anuncio de la agencia.
El gobernador J.B. Pritzker ha declarado que Illinois seguirá trabajando para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático. Illinois también cuenta con su propia agencia de protección ambiental, que reporta a Pritzker.
El estado tiene como objetivo eliminar la generación de energía a partir de combustibles fósiles que generan carbono para 2050, aunque ha enfrentado desafíos para lograrlo, como la creciente demanda de suministro de energía a centros de datos con alto consumo energético en todo Estados Unidos.
Las plantas de carbón han estado cerrando en Illinois, principalmente porque su operación es menos económica que la de las que generan otras fuentes de energía.
La administración de Trump está considerando usar poderes de emergencia para reactivar las plantas de carbón cerradas, según un informe de Bloomberg News publicado esta semana.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago