La Junta de Educación de Chicago realizará una reunión especial el jueves para considerar una resolución diseñada para presionar a un operador de escuela chárter para que mantenga abiertas siete escuelas que planea cerrar en junio.
La resolución exige que las Escuelas Acero, una red de escuelas chárter de 15 campus, comparezcan ante la junta en una fecha aún por determinar para discutir alternativas a los cierres. También amenaza a Acero, diciendo que la renovación del contrato para sus otras ocho escuelas podría estar en peligro si sigue adelante con los cierres.
Los operadores de escuelas chárter son organizaciones privadas que reciben dinero público para administrar escuelas chárter públicas. El contrato de Acero vence en junio de 2026.
La reunión especial está programada para las 3:30 p.m. en un edificio propiedad de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) en 4655 S. Dearborn St. La próxima reunión mensual de la junta programada regularmente es el 12 de diciembre.
Normalmente, las reuniones de noviembre y diciembre se combinan.
Esta será la tercera reunión de los miembros de la junta que fueron parcialmente elegidos por el alcalde Brandon Johnson después de que su primera junta nombrada renunció en octubre. Uno de esos miembros recién designados, el presidente, renunció y ahora sólo hay seis en la junta, lo que es un quórum y suficiente para hacer negociaciones.
En enero se instalará una nueva junta de 21 miembros, en parte elegidos y en parte nombrados, pero algunos de los miembros actuales podrían permanecer.
La resolución de “Mantener los Centros de Asistencia de Acero”, dice que los cierres, que afectarán a unos 2,000 estudiantes y 270 miembros del personal, “podrían causar trastornos y daños sustanciales” y “son incompatibles con la misión educativa de la Junta y ponen en duda si la Junta debería renovar el Acuerdo de Escuela Chárter Acero en 2026”.
Además de discutir la resolución de Acero, la junta abordará una resolución que reconoce que “las elecciones presidenciales de 2024 pueden haber causado miedo, preocupación, confusión, tristeza, enojo o ansiedad en el personal de CPS, los estudiantes y sus familias”.
Continúa diciendo que el distrito escolar está comprometido a ser un lugar donde todos los estudiantes sean bienvenidos y que “no brindará asistencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en la aplicación de la ley federal de inmigración civil. Por lo tanto, no se permitirá el acceso de ICE a las instalaciones o al personal de CPS, excepto en los casos excepcionales en los que CPS cuente con una orden judicial penal”.
La junta también planea reunirse a puertas cerradas para discutir las negociaciones del contrato. El distrito escolar ha estado en negociaciones con el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) desde la primavera. La asociación de directores también está negociando un contrato.
Sarah Karp cubre educación para WBEZ
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago