El alcalde Brandon Johnson ha declarado enfática y repetidamente que no permitirá que los oficiales de la Policía de Chicago cooperen con las deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump.
Pero el alcalde puede no tener la última palabra si dos concejales latinos que se encuentran entre los críticos más abiertos de Johnson se salen con la suya en la reunión del Concejo Municipal de la próxima semana.
Los colegas del lado suroeste Ray López (15º) y Silvana Tabares (23º) planean utilizar una maniobra parlamentaria para revivir una ordenanza estancada que restauraría las llamadas “exenciones” a la ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago eliminadas durante la administración de la ex alcaldesa Lori Lightfoot.
Se necesitaría una mayoría simple —26 votos— para forzar una votación inmediata sobre la ordenanza en la sesión del próximo miércoles. La ordenanza ha estado estancada en el Comité de Reglas desde septiembre de 2023.
Si obtienen los votos, los oficiales de la Policía de Chicago podrían “trabajar con agentes o agencias federales de inmigración” siempre que se encuentren con personas que hayan sido arrestadas por:
• Actividades relacionadas con pandillas, incluyendo, entre otras, merodeo, intimidación y reclutamiento
• Actividades relacionadas con drogas, incluyendo, entre otras, la compra, venta y distribución de cualquier sustancia considerada como droga ilegal por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)
• Actividades relacionadas con la prostitución, incluyendo, entre otras, solicitación, actuación y tráfico de adultos
• Delitos sexuales que involucren a menores de edad
El “zar fronterizo” de Trump, Tom Homan, ha advertido a Johnson que “se siente a la mesa o que se haga a un lado” de las deportaciones masivas, donde Chicago será la “zona cero”.
Pero después de reunirse con Homan, López dijo que está convencido de que se puede y se debe evitar una confrontación desagradable.
“En esencia, estaremos quitando el objetivo de las espaldas de esos inmigrantes respetuosos de la ley y las personas indocumentadas que simplemente están esperando una vía para legalizar su estatus, dándole a la administración Trump lo que quieren”, comentó.
Al negarse a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Johnson está “poniendo en peligro las vidas de decenas de miles” de indocumentados y de ciudadanos de Chicago que respetan la ley, destacó López.
“Está trazando una línea en la arena que obligará a los funcionarios de inmigración a venir a nuestros vecindarios en busca de criminales. Y cuando lo hagan, tomarán a las personas indocumentadas que respetan la ley como daño colateral. No quiero ver eso”, precisó.
“Los inmigrantes indocumentados que vienen aquí para unirse a pandillas y participar en conductas ilegales no están aquí para alcanzar el ‘sueño americano’. Están aquí para crear una pesadilla para los residentes”, dijo Tabares. “Cualquier concejal que se oponga a esta ordenanza está protegiendo a personas que están aquí ilegalmente y participan en algunas de las peores conductas criminales imaginables”.
El concejal Carlos Ramírez-Rosa (35º) encabezó una campaña de seis años de defensores de los derechos de los inmigrantes que finalmente persuadió a Lightfoot a cumplir su promesa de campaña de eliminar las excepciones, que habían permitido a la policía cooperar con los oficiales de inmigración.
Ramírez-Rosa argumentó el jueves que negaría los derechos al debido proceso para ayudar a los federales a reunir a personas que han sido arrestadas, pero no condenadas. También haría que la ciudad fuera “menos segura” al disuadir a los 200,000 inmigrantes indocumentados de Chicago de cooperar con la policía, dijo.
“Si las personas tienen miedo de llamar al 911 porque piensan que un oficial de policía local los entregará a ICE, es menos probable que llamen al 911 en una emergencia”, dijo Ramírez-Rosa.
Homan tiene “miles de millones de dólares y miles de agentes” a su disposición que pueden “hacer el trabajo para obtener una orden judicial, y luego salir y llamar a la puerta de alguien”, según Ramírez-Rosa. “No necesitan usar los dólares de nuestra ciudad, que tiene problemas de liquidez, para hacer el trabajo sucio de Trump”.
Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés), comparte la preocupación de Ramírez-Rosa.
“No estoy tratando de defender a [los criminales] ni de decir que no debería haber ninguna rendición de cuentas. Pero el debido proceso es importante. Las personas deberían tener su día en la corte y poder comparecer ante un juez”, dijo Benito. “En esta situación, se le está pidiendo a la policía local que sea agente federal, juez y jurado. Ese es un precedente peligroso”.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago