Las lecciones de Colombia para Chicago sobre la recepción de los venezolanos

En los últimos dos años, la Ciudad de Chicago ha tenido dificultades para atender a los migrantes indigentes que llegan desde la frontera sur. La mayoría de ellos, unos 30,000, son de Venezuela, un país sudamericano cuya economía se ha colapsado.

Pero la cantidad de venezolanos en Chicago no se compara con la cantidad de personas que han migrado en la última década a su vecina Colombia. Solo Bogotá, la capital, ha recibido más de 600,000.

Esta primavera, fui a Colombia para ver cómo ese país más pequeño y menos próspero ha manejado su afluencia de venezolanos.

En Bogotá y Cúcuta, la ciudad colombiana más grande a lo largo de la frontera con Venezuela, entrevisté a más de 30 migrantes y funcionarios públicos, líderes humanitarios y académicos, la mayoría en español. También les pregunté a docenas de colombianos comunes sus opiniones sobre la ola migratoria.

Descubrí que Colombia inicialmente extendió la alfombra de bienvenida y, según muchos indicadores, absorbió a esta población con poco daño y muchos beneficios. Casi 1.9 millones de venezolanos obtuvieron vías para el empleo formal, así como para los sistemas de educación y atención médica de Colombia.

Sin embargo, más recientemente, la integración de los migrantes en Colombia ha comenzado a tambalearse debido a la indiferencia de un nuevo presidente, el interés menguante de los donantes internacionales y una ola de xenofobia entre la opinión pública.

Esta realidad ha mantenido a los migrantes venezolanos, como Desiré Borges, de 17 años, al margen de la sociedad colombiana. Desiré, en la foto de arriba con su hija de un año, me contó sobre los estereotipos antivenezolanos que han provocado vergüenza y desesperación.

Colombia, que ha dado una respuesta confusa pero esencialmente humana a una crisis migratoria durante una década, tiene muchas lecciones para Chicago.

Lo que llevó a los migrantes a abandonar Venezuela

Hasta 2017, Asneidis Vega y su esposo criaban a sus tres hijos en Los Puertos de Altagracia, un pueblo venezolano cerca de la ciudad norteña de Maracaibo. Ambos tenían trabajos de oficina para la municipalidad y ganaban dos o tres veces más que el salario mínimo. Su casa tenía tres habitaciones y dos baños. Tenían garaje, auto y motocicleta.

Pero Vega, que tiene 39 años, dijo que la hiperinflación hizo que fuera cada vez más difícil alimentar y vestir a los niños: “Todos estábamos muy delgados”.

Entonces su esposo se fue a Colombia para buscar trabajo por una moneda que mantuviera su valor. Vega intentó aguantar con los niños, pero se volvió más difícil. Dijo que la gota que colmó el vaso fue cuando los zapatos escolares de su hijo de 12 años se le desgastaron.

“El dinero que tenía era para que comiéramos”, me dijo Vega. “No tenía dinero para comprarle zapatos”.

Entonces, vendió su auto para comprar ropa para los niños. Y logró reunir dinero para los boletos de autobús a Colombia.

Vega y yo platicamos en la mesa de su cocina bajo un techo de asbesto corrugado. La familia vive ahora en Ciudad Bolívar, una zona de Bogotá que se extiende por las montañas. Los asentamientos más nuevos, conocidos como “invasiones”, tienen calles sin pavimentar. Su familia y muchos otros han pirateado la electricidad y carecen de agua potable.

Los únicos trabajos que ella y su marido han encontrado son no cualificados y mal pagados. Algunos han requerido viajes en autobús de varias horas. Los niños a menudo terminan solos en casa. El nivel de vida de la familia no se parece en nada al de Venezuela.

Pero no pasan hambre. Y los niños tienen zapatos.

La familia de Vega fue parte de un éxodo de Venezuela que aumentó después de una caída de 18 meses en los precios del petróleo que comenzó en 2014. En Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, la economía depende de los ciclos de auge y caída de esa industria.

La caída de los precios del petróleo significó una menor demanda de la moneda nacional, lo que elevó la inflación. Para financiar programas sociales sin muchos ingresos petroleros, el presidente Nicolás Maduro imprimió más dinero, lo que elevó aún más la inflación. En 2015, la tasa era de casi el 122%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para entonces, había escasez de medicamentos y alimentos. En 2018, la inflación se disparó al 65,000%, informa el FMI. La moneda, el bolívar, prácticamente no tenía valor.

Esos años iniciaron “una nueva fase en la migración venezolana”, dijo Sergio Guzmán, consultor de riesgo político de Colombia en Bogotá. “Eran las clases pobres e indigentes de Venezuela las que llegaban a nuestro país, tanto como punto de tránsito hacia otro lugar donde tenían familiares o amigos que habían emigrado –a Perú, Ecuador, Chile– o hasta Estados Unidos”.

Pero casi la mitad de esos migrantes, agregó Guzmán, no fueron más allá de Colombia. Desde 2014, alrededor de 3 millones de venezolanos terminaron allí, aproximadamente cuatro veces la cantidad de los que llegaron a Estados Unidos.

Los críticos de Maduro dicen que el colapso económico que impulsó la migración se debió no solo a la caída de los precios del petróleo, sino también a la mala gestión económica y la corrupción gubernamental.

Maduro y sus partidarios responden que la “guerra económica contra Venezuela” fue creada por sus oponentes políticos, la élite empresarial del país y las potencias extranjeras.

La “guerra” incluyó sanciones impuestas por Estados Unidos en 2015 contra individuos vinculados a Maduro. El gobierno de Obama había acusado al gobierno de “graves abusos de los derechos humanos” y “acciones antidemocráticas”.

A partir de 2017, el gobierno de Trump amplió las sanciones para apuntar a las finanzas venezolanas y a la empresa petrolera estatal —el motor de la economía.

Durante mis semanas en Bogotá, entrevisté a varios expertos que enfatizaron que la economía se había estado derrumbando durante años antes de esas amplias sanciones de Trump. Los expertos incluyeron a la veterana académica venezolana de derechos humanos, Ligia Bolívar.

Aun así, Bolívar me dijo que el bloqueo empeoró el “caos” y expandió el mercado negro, incluidas las ventas de drogas y minerales: “Siempre que tienes una economía ilegal, también tienes grupos armados. Tienes un país que es imposible de gobernar, imposible de manejar”.

Cómo cruzan los migrantes a Colombia

Desde su casa en Puerto Cabello, una ciudad portuaria caribeña en Venezuela, Lenis Suárez y sus dos hijos pequeños tomaron un autobús en 2018 hasta una ciudad fronteriza frente a Cúcuta, una sofocante ciudad colombiana. No tenían pasaportes.

Así que se unieron a docenas de otros migrantes una mañana antes de amanecer.

En lugar de ingresar a Colombia a través de un puesto de control en un puente, caminaron con un guía entre sauces y alisos en un sendero rocoso a lo largo del Táchira, un río cuya agua llega hasta las rodillas y cuyas ramas se entrecruzan como hebras de una trenza.

Estaba oscuro. Estaba lloviendo. Y, de repente, hubo disparos.

“Todos en el camino comenzaron a correr”, me dijo Suárez, de 24 años. “Traté de seguir el ritmo”.

Corrió con su hijo de 13 meses, pero perdió el control. El bebé cayó al suelo y pareció dejar de respirar.

“Pensé que se iba a morir”, dijo Suárez.

Nadie se detuvo para ayudarlo. Ellos simplemente siguieron corriendo. “Me sentí paralizada”, dijo.

Entonces, apareció una extraña. La mujer se arrodilló sobre el bebé y comenzó a soplarle en la boca y la nariz. Le presionó el pecho con los dedos.

El bebé respondió. La extraña lo levantó y se lo entregó a Suárez y corrió hacia adelante.

“Nunca la volví a ver”, dijo.

Hasta el día de hoy, Suárez se pregunta si la mujer era un ángel.

El sendero ilegal que Suárez recorrió hace seis años es uno de las docenas que cruzan la frontera de 2.214 kilómetros de Colombia con Venezuela. Se conocen como trochas.

Un día caluroso en una trocha cerca de Cúcuta, hombres curtidos por el clima y con mochilas pasaron a mi lado. También me encontré con una patrulla del ejército colombiano. El comandante me advirtió que no me asomara por una cresta para ver el lado venezolano.

No quieres ser visible, dijo.

Los grupos criminales han competido durante mucho tiempo por el control de las trochas. Los caminos son vitales para el contrabando de drogas, minerales preciosos, gasolina y, desde el colapso económico de Venezuela, de los propios migrantes.

Cerca de Cúcuta, varios grupos criminales operan en ambos lados y se aprovechan de los migrantes. Muchos venezolanos llegan sin dinero, por lo que tienen que hacer un trato con un grupo que controla una trocha, dijo el investigador holandés Bram Ebus. Ebus trabaja en Colombia para el International Crisis Group, un grupo de expertos en prevención de conflictos con sede en Bruselas.

“Si eres mujer, te obligan a vender tu cuerpo”, dijo Ebus. “Si eres hombre, comienzan a trabajar contigo para que te vuelvas activo en uno de los grupos criminales más pequeños, cobrando pagos de extorsión o transportando bienes ilegales a través de la frontera”.

Los bienes incluyen pequeñas cantidades de cocaína y oro que luego se recolectan.

Los miembros del Tren de Aragua, una notoria pandilla venezolana que opera en el área de Cúcuta, han seguido las migraciones por toda América Latina. Los presuntos miembros han sido arrestados en lugares tan lejanos como los suburbios de Chicago, aunque los vínculos con los líderes del grupo en Venezuela parecen débiles.

La frontera parece impulsar la delincuencia en las zonas cercanas, incluida Cúcuta, donde la población se ha disparado a más de un millón de habitantes. La tasa de homicidios de Cúcuta el año pasado, casi 37 asesinatos por cada 100,000 habitantes, bajó un poco comparado con una década antes, pero se mantuvo alrededor de un 50% más alta que la de Colombia en su conjunto y la de Chicago.

El presidente del concejo municipal de Cúcuta, Edison Contreras, está presionando para que se construya un muro fronterizo. Me dijo que tomó prestada la idea del expresidente Donald Trump.

“Sé que Cúcuta no tiene la capacidad económica para invertir en un muro, pero podemos buscar la cooperación internacional”, dijo Contreras mientras me mostraba la sala de reuniones del concejo.

Pero el líder empresarial y exalcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, dice que cualquier dinero para un muro fronterizo se gastaría mejor en transporte, acceso a internet y plantas de tratamiento de agua.

Yáñez, cuyo mandato como alcalde terminó en diciembre debido a un límite de un mandato, ganó un premio nacional respaldado por Estados Unidos ese mes por políticas migratorias.

Dijo que la seguridad real a lo largo de la frontera requeriría una inversión económica masiva “para recuperar la dignidad de las personas que lamentablemente, debido al hambre, han tenido que recurrir a la delincuencia”.

La xenofobia que enfrentan los migrantes venezolanos

Desiré Borges tenía 9 años cuando su familia llegó de Maracay, una ciudad en el centro de Venezuela. Sus padres no pudieron encontrar trabajo, así que se convirtieron en recicladores. Jalan un carro a través de pueblos fronterizos cerca de Cúcuta y revisan la basura para encontrar botellas, latas y cartones de huevos.

Desiré consideraba que el trabajo era honorable, pero sus compañeros de clase vieron a muchos venezolanos haciéndolo y la avergonzaron por ello. Acusaron a su familia de robar y comer de la basura.

Dijo que se enfrentó a otra forma de xenofobia cuando tenía 15 años. Desiré y su madre me lo contaron una noche en su casa, construida a lo largo de un camino de tierra con restos de construcción.

La madre de Desiré se enteró de que estaba teniendo relaciones sexuales con su novio. Entonces llevó a Desiré a una clínica para que le colocaran un implante anticonceptivo, una pequeña varilla en la parte superior del brazo.

Pero, cuando Desiré fue a la escuela con una venda sobre la varilla, fue acosada.

“Los profesores empezaron a acosarme, diciendo que mi mamá me había dado el implante para que pudiera acostarme con muchos hombres”, dijo Desiré.

Algunos profesores le dijeron que esto era típico de los venezolanos, dijo.

Resulta que Desiré ya estaba embarazada antes de que le pusieran el implante. Los embarazos a esa edad no son poco comunes tanto en Colombia como en Venezuela.

De hecho, ambos países tienen algunas de las tasas de embarazo entre adolescentes más altas del hemisferio occidental. Los investigadores han vinculado eso con la pobreza y los roles de género tradicionales.

Pero Desiré todavía sufría acoso en la escuela.

“Me quedaba en el baño, llorando porque ya no quería ir a la escuela”, dijo.

Desiré abandonó la escuela y, el año pasado, tuvo a su bebé.

Ahora pone a su hija en un cochecito todas las mañanas y ayuda a sus padres en sus rondas de reciclaje.

A Desiré, que ahora tiene 17 años, le gustaría volver a la escuela para salir adelante por su bebé y sus padres. Pero cuando habló de las barreras para volver, las lágrimas corrieron por su rostro.

Colombia y Venezuela comparten un idioma, una religión y esa frontera larga y serpenteante. Muchos colombianos tienen parientes que se mudaron a Venezuela durante uno de sus auges petroleros o como refugiados durante la larga guerra civil colombiana. En Venezuela, esos migrantes a menudo eran tildados de traficantes de drogas, ladrones y prostitutas.

Ahora que los venezolanos han llegado en masa a Colombia, la situación ha cambiado.

Durante mi estancia allí, escuché que los venezolanos han desplazado a los carteros y barberos colombianos, que no se les debería permitir inscribir a sus hijos en la escuela sin papeles, que están agotando los recursos médicos, que son rateros y extorsionadores.

Escuché esas cosas no solo de parte de los colombianos que compiten con los migrantes por trabajos poco calificados, ni solo de parte de nacionalistas de extrema derecha. Las escuché de profesionales altamente calificados que se consideran progresistas.

Pilar Páez, supervisora de enfermería que ayuda a administrar una unidad de salud reproductiva en un hospital público de Bogotá, me dijo que las mujeres jóvenes venezolanas ignoran sus consejos de usar anticonceptivos.

Dijo que quieren embarazarse para adquirir la nacionalidad colombiana “porque les resulta más fácil y, por supuesto, también tiene beneficios económicos”.

Me recordó el viejo rumor sobre los inmigrantes estadounidenses que tienen los llamados bebés ancla (“anchor babies”).

“Nuestra cultura es muy diferente a la de Venezuela”, agregó Páez. “La promiscuidad en Venezuela es sorprendente”.

Tal intolerancia ha surgido en todos los países sudamericanos a los que han migrado venezolanos, me dijo la investigadora de Human Rights Watch, Martina Rapido Ragozzino, en Bogotá.

“Hay un fuerte componente de género en la discriminación hacia los venezolanos”, dijo Rapido.

Las mujeres son estigmatizadas como “dispuestas a tener sexo por beneficios específicos o algo a cambio”, dijo Rapido, mientras que los hombres son menospreciados como ladrones.

Estas opiniones se manifiestan en lugares tan lejanos como Chicago. Pueden obstaculizar la búsqueda de apartamentos y empleo, dicen los migrantes y sus defensores.

Y la xenofobia a veces se filtra en el resentimiento entre los habitantes de Chicago que creen que deberían estar recibiendo recursos destinados a los migrantes.

“No veo que la gente negra reciba ese tipo de ayuda”, dijo la concejal Emma Mitts, que representa a un barrio del West Side, durante un debate del Ayuntamiento en abril sobre $70 millones adicionales en fondos para migrantes.

“Se supone que el inglés es el idioma estadounidense”, agregó Mitts. “Pero no, ahora no. Porque no vas a conseguir trabajo si no hablas dos idiomas. No estás calificado”.

En un nuevo ministerio colombiano creado por el presidente Gustavo Petro, la economista Liliana Morales Hurtado dirige una oficina en Bogotá encargada de combatir la xenofobia en todo el país.

“La exclusión y la xenofobia nunca generarán nada más que ciclos de violencia y pobreza”, me dijo Morales.

Morales dijo que su oficina está planeando campañas contra la xenofobia pero, con solo 10 empleados en un país de 52 millones de personas, esos esfuerzos requerirán financiación internacional.

El propio Petro rara vez ha denunciado la xenofobia, dejando la lucha contra ella en gran medida a grupos no gubernamentales.

Laura Jiménez Cortés dirige uno en Bogotá llamado Barómetro. El grupo utiliza software para detectar la xenofobia en las noticias y en las redes sociales. Un hallazgo que la ha sorprendido es la frecuencia con la que la gente habla a favor de los migrantes.

“Cuando hay algo muy xenófobo, hay mucha gente que responde en contra del mensaje”, dijo Jiménez.

Pero el debate en línea no logra mucho. Jiménez dijo que los esfuerzos efectivos en el mundo físico han incluido teatro callejero a favor de los migrantes, capacitación para periodistas y protestas para denunciar a los políticos que atacan a los migrantes.

Y Jiménez tenía un mensaje para Chicago. Dijo que los enemigos de la xenofobia aquí podrían aprovechar el hecho de que muchos de los residentes de la ciudad son descendientes de inmigrantes que alguna vez enfrentaron la xenofobia.

“Los migrantes necesitan saber que tienen gente que los respalda, que hay personas que están denunciando la discriminación”, dijo Jiménez.

La integración ante la marginación

En Valencia, una gran ciudad en el centro de Venezuela, Zoheny Lugo tenía un buen trabajo como supervisora de seguridad industrial en una empresa de transporte. Era 2018, más de tres años después de la crisis económica de Venezuela.

Pero su marido no podía encontrar trabajo en su campo, los negocios internacionales. Así que se mudaron con su hijo de 3 años a Bogotá.

Al no tener permiso para trabajar, pusieron sus carreras en pausa para buscar trabajos informales. Lugo acabó en una fábrica de muebles. Su marido lavaba motocicletas.

Su primer apartamento estaba deteriorado y era pequeño. En el barrio había “mucho consumo de drogas y robos, y no había parques”, me dijo.

En 2020, Lugo obtuvo un permiso colombiano para migrantes venezolanos. Le permitía acceder a la atención sanitaria subsidiada por el gobierno y al empleo formal, si podía encontrarlo.

Finalmente, una organización internacional sin fines de lucro la contrató para ayudar a otros migrantes venezolanos con la crianza de los hijos y el manejo del estrés.

El marido de Lugo también obtuvo uno de los permisos y consiguió un trabajo conduciendo un autobús urbano.

Lugo, de 32 años, dijo que ahora están ahorrando para un apartamento más grande en un barrio más seguro.

Así es como se supone que funciona el Permiso de Protección Temporal de Colombia. Aproximadamente dos tercios de los 2.9 millones de migrantes venezolanos en el país lo han recibido, allanando el camino hacia empleos formales, atención médica, pensiones, educación y el sistema financiero.

Un estudio del FMI dice que la integración de los migrantes venezolanos en el mercado laboral formal podría expandir el PIB de Colombia casi un 4% para 2030.

La economista del Banco Central de Bogotá, Andrea Otero, me dijo que la afluencia de venezolanos no ha reducido los sueldos ni la cantidad de empleos para los colombianos en el mercado formal.

Sin embargo, en el mercado laboral informal, los venezolanos han sido un pequeño lastre para los sueldos y la participación en la fuerza laboral, dijo Otero. El trabajo informal va desde la venta ambulante y la limpieza de casas hasta el trabajo agrícola a destajo.

Pero incluso los migrantes con trabajos informales pagan impuestos a las ventas que financian programas sociales para colombianos de bajos ingresos, agregó Otero.

También han ayudado a cambiar partes de la economía, incluida la mundialmente famosa industria del café colombiano. Los venezolanos ahora recogen la mayoría de los granos.

Y, aunque los migrantes pueden estar ejerciendo una presión en los sueldos del trabajo doméstico, más familias colombianas ahora pueden permitirse la ayuda. Esto libera a algunos colombianos altamente calificados, especialmente mujeres, para trabajar fuera del hogar, dijo Otero.

En Chicago, los defensores dicen que los recién llegados podrían ayudar a revitalizar los barrios y las escuelas despoblados. Los estudiantes migrantes ya han ayudado a revertir la caída de la matrícula del sistema escolar. Los migrantes, si se les permite, también podrían mitigar la escasez de mano de obra local en el comercio minorista, los restaurantes y la industria manufacturera.

Sin embargo, como en otras partes del mundo, la integración en Chicago ha desencadenado la misma lógica de suma cero contra la ayuda a los migrantes. Varios miembros del Concejo Municipal se han quejado de que los migrantes están tomando puestos de trabajo y recursos gubernamentales que sus electores merecen.

“Estoy en conflicto”, dijo la concejal Jeanette Taylor, que representa a un barrio del lado sur con ingresos en su mayoría bajos, durante el debate del concejo en abril sobre los fondos para migrantes. “Sé que es correcto ayudar a otras personas. ¿Pero cuándo diablos van a ayudarnos a nosotros?”.

Lo que los migrantes en Chicago dicen que más necesitan es permiso para trabajar.

El Presidente Biden amplió el otoño pasado la elegibilidad del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para incluir a casi medio millón de recién llegados venezolanos. El estatus les permitiría solicitar autorización de trabajo.

Pero los migrantes que llegaron después de julio de 2023 siguen sin ser elegibles. Y el estatus, que expirará en abril de 2025, no ofrece ningún camino hacia la ciudadanía.

El permiso de Colombia dura 10 años y puede conducir a la ciudadanía, en un país donde la economía es menos del 4% del tamaño de los Estados Unidos.

Sin embargo, hasta este invierno, el programa de integración de Colombia no había llegado a cientos de miles de migrantes venezolanos que viven allí. Los adultos que han llegado desde mayo de 2023 no son elegibles, incluso si ingresaron con un pasaporte válido.

La investigadora, María Clara Robayo, de la Universidad del Rosario de Bogotá, dice que incluso algunos venezolanos que recibieron la tarjeta colombiana siguen sin tener servicios básicos como la atención médica prometida, una licencia de conducir o una cuenta bancaria.

La pérdida de impulso en la integración de los migrantes se debe en parte al presidente Petro, quien heredó el esfuerzo cuando asumió el cargo en 2022. En lugar de impulsarlo, se ha centrado en construir relaciones con Maduro, el presidente venezolano.

Otro factor es la reducción de la ayuda del exterior, especialmente de Estados Unidos. Muchos donantes a la integración de los migrantes colombianos han estado desviando fondos a lugares como Ucrania, Gaza y Sudán del Sur. Algunos grupos de refugiados en Colombia me dijeron que su ayuda internacional se ha reducido durante el año pasado.

La propuesta de ayuda exterior de Biden para el año fiscal que comienza el 1 de octubre le proporcionaría a Colombia el paquete anual estadounidense más pequeño desde 2020.

Rapido, el investigador de Human Rights Watch, dijo que la reducción de los fondos podría ser contraproducente.

“Lo que Estados Unidos debería hacer es trabajar con los países que reciben a estos migrantes para integrarlos más fuertemente”, dijo Rapido, “para que los venezolanos tengan un lugar donde puedan rehacer sus vidas y no se vean obligados a seguir migrando hacia el norte, a Estados Unidos”.

Eso era lo que David Delgado necesitaba en 2019. El gobierno venezolano había expropiado la fábrica de papel de propiedad irlandesa donde trabajaba. Después de que la fábrica, ubicada en San Felipe, una ciudad del centro de Venezuela, cerrara, no pudo alimentar a su familia.

“Cuando abordé el autobús hacia Colombia, ni siquiera sabía dónde quedaba Colombia”, dijo Delgado.

Cruzó la frontera sin pasaporte, por lo que no calificó para una versión temprana del permiso que permite a los migrantes venezolanos trabajar. Tuvo dificultades para encontrar trabajo.

“Acabé en el reciclaje porque no había nada más que hacer”, me dijo mientras estaba parado en la calle debajo del estrecho apartamento de su familia en el suroeste de Bogotá.

Cada mañana, Delgado camina por los barrios para recoger vidrio y aluminio, junto con cualquier otra cosa que pueda vender en el depósito de chatarra.

En un buen día, gana $8. Tiene cinco bocas que alimentar. El dinero no le alcanza.

Delgado, de 54 años, ahora cumple los requisitos para obtener el estatus legalizado. Pero obtener la tarjeta requeriría un viaje en autobús a través de la ciudad, otra barrera en la integración de los migrantes en Colombia. Tendría que gastar los ingresos de un día entero de reciclaje.

¿Ocho dólares a cambio de la oportunidad de un futuro mejor? Este no es un sacrificio que Delgado siente que puede hacer hoy.

Traducido por Jacqueline Serrato, La Voz Chicago