La Junta de Educación está tomando medidas para destituir al director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Pedro Martínez, en una reunión especial el viernes por la noche, lo que podría poner fin a una saga de liderazgo que lleva meses y que ha provocado una avalancha de tensión política en el sistema escolar.
La junta incluyó dos puntos de votación en su agenda y podría optar por cualquiera de ellos: el despido de Martínez o un acuerdo para su retiro voluntario.
La destitución del director de las escuelas justo antes de las vacaciones de Navidad, cuando no hay clases por las vacaciones de invierno, supondría una resolución extraordinaria en la batalla entre Martínez y el alcalde Brandon Johnson. Y se produciría días antes de la fecha límite establecida por el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) para llegar a un acuerdo contractual.
El Chicago Sun-Times y WBEZ reportaron por primera vez en agosto que la administración del alcalde estaba sentando las bases para reemplazar a Martínez. Los dos líderes han discutido sobre si CPS debería hacerse cargo de un pago de pensión del Ayuntamiento para el personal escolar no docente —algo que Martínez se ha negado a hacer sin la ayuda de la alcaldía— y si debería solicitar un préstamo a corto plazo para pagar un nuevo contrato del sindicato para docentes, una medida que Martínez ha dicho que sería fiscalmente irresponsable. Sin otras soluciones, Martínez ha propuesto descansos y despidos a mitad de año.
Martínez ya ha dicho públicamente que rechazó la solicitud de renuncia de Johnson en septiembre, y no aceptó un acuerdo de separación a principios de este mes.
Pero Martínez podría verse obligado a hacerlo esta semana. Algunas fuentes han dicho que Martínez quería quedarse al menos hasta el final del año escolar.
El abogado de Martínez, Bill Quinlan, se negó a hacer comentarios.
La reunión se anunció el miércoles por la mañana y se fijó para las 11 a.m. el viernes. Pero la agenda, que por ley debe publicarse 48 horas antes de una reunión pública, no incluyó ninguna votación sobre Martínez, solo una discusión a puerta cerrada de asuntos de personal.
Los funcionarios de CPS y los expertos legales han dicho que los puntos de votación tendrían que estar explícitamente mencionados para que la junta tome medidas.
Horas después, la junta actualizó la agenda para incluir las votaciones sobre Martínez y trasladó la reunión a las 5:45 p.m. el viernes.
La nueva agenda incluye una votación para aprobar un acuerdo con Martínez y una votación separada para rescindir su contrato. Cualquier votación podría continuar o posponerse, según la agenda. Los términos de la oferta de compra para su retiro voluntario no se han hecho públicos.
Hasta el anuncio de la reunión especial, se esperaba que la reunión mensual de la junta de la semana pasada fuera la última del año y la última antes de que la nueva junta de 21 miembros parcialmente elegidos y parcialmente nombrados asuma el cargo en enero.
La junta escolar ha dudado en despedir a Martínez debido al lenguaje de su contrato.
La Junta de Educación modificó el contrato de Martínez en diciembre de 2022, en los últimos meses en el cargo de la ex alcaldesa Lori Lightfoot, para exigir un aviso de seis meses de despido sin causa. Durante ese tiempo, Martínez seguiría trabajando en su trabajo de $360,706 al año y transferiría sus funciones a un nuevo director ejecutivo. En ese escenario, su contrato prevé 20 semanas de indemnización, lo que equivaldría a $138,733. El contrato de cinco años de Martínez se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
Si la junta escolar decidiera despedir a Martínez por una causa justificada, tendría que citar mala conducta, actividad delictiva, incumplimiento de sus deberes, fraude u otra irregularidad.
La enmienda de 2022 de su contrato dice “cualquier otra conducta incompatible con los deberes y obligaciones del director ejecutivo para con CPS o la Junta, o que pueda percibirse razonablemente como que tiene un impacto material adverso en el buen nombre y la integridad de CPS o la Junta”.
Esa decisión debe tomarse “a criterio exclusivo de la Junta”, según el contrato de Martínez.
Los partidarios de Martínez han dicho que podría demandar al distrito escolar y tal vez incluso a los propios miembros de la junta escolar si lo despiden. Fue este obstáculo, en parte, lo que llevó a todos los miembros de la junta escolar a renunciar en octubre.
Hace una década, Martínez demandó a una junta escolar en Nevada que intentó despedirlo. Se conformaron con $700,000, según el Reno Gazette Journal, y los miembros de la junta recibieron multas de funcionarios estatales en la acalorada disputa pública.
Esto ocurre mientras CTU está tratando de resolver su contrato antes de Navidad y cada vez más pide a Martínez que “proporcione información financiera transparente”. Sin embargo, esa fecha límite es autoimpuesta, y CTU legalmente no puede hacer huelga por un contrato hasta febrero.
El sindicato ha pedido durante meses que se reemplace a Martínez, culpándolo por la lentitud de las negociaciones del contrato. Johnson, el aliado incondicional de CTU que llegó al cargo con el amplio apoyo de campaña del sindicato, no ha dicho públicamente que quiera reemplazar a Martínez, pero su administración y la junta escolar han presionado para que se haga precisamente eso.
La presidenta de CTU, Stacy Davis Gates, dijo el miércoles que Martínez necesitaba explicar cómo manejaría las implicaciones financieras de un nuevo contrato con CTU, y señaló que no aceptaría un acuerdo sólo para que sus miembros se enfrenten a descansos o despidos en la primavera. CPS ha dicho que no tiene suficiente dinero para pagar un nuevo contrato con CTU.
Davis Gates también planteó nuevamente la posibilidad de que el distrito escolar necesite solicitar un préstamo a corto plazo para superar este año escolar sin recortes presupuestarios.
“Esta idea de que no puede obtener un préstamo a corto plazo es absolutamente ridícula”, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa.
Traducido por La Voz Chicago