El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, se unió a otros tres fiscales generales en la demanda contra el presidente Donald Trump por la constitucionalidad de su orden ejecutiva del Día de la Inauguración que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin estatus legal.
La demanda fue presentada en Washington D.C., junto con los fiscales generales de Arizona, Oregón y Washington. Los fiscales generales de otros 18 estados también presentaron una demanda similar el martes en el tribunal federal de distrito de Massachusetts.
La demanda sostiene que la orden ejecutiva de Trump viola la 14ª Enmienda y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que especifica que la ley no faculta al presidente para determinar a quién se le debe conceder o no la ciudadanía estadounidense al nacer. También afirma que la orden ejecutiva viola la Ley de Procedimiento Administrativo.
La orden de Trump excluirá de la ciudadanía a las personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres no estuvieran aquí legalmente y a las personas nacidas de padres que estaban en el país legalmente pero de manera temporal. También prohibiría a las agencias federales reconocer la ciudadanía a esas personas. Salvo las impugnaciones legales, está previsto que entre en vigor el 19 de febrero.
La demanda pretende invalidar la orden ejecutiva y prohibir cualquier medida adoptada para aplicarla. Los estados también solicitan un alivio inmediato a través de una orden de restricción temporal y una medida cautelar para evitar que la orden entre en vigor.
Sólo en Illinois, en 2022, hubo aproximadamente 9,100 niños ciudadanos estadounidenses nacidos de madres que carecían de estatus legal, y aproximadamente 5,200 niños ciudadanos estadounidenses nacidos de dos padres que carecían de estatus legal.
“En resumen, a pesar de la garantía de ciudadanía que otorga la Constitución, miles de recién nacidos y niños perderán su capacidad de ser parte plena y justa de la sociedad estadounidense como ciudadanos con todos sus beneficios y privilegios”, afirma la demanda.
Los fiscales generales escriben en la demanda que si se termina la ciudadanía por derecho de nacimiento, los estados perderán la financiación federal para programas, incluidos Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) —en Illinois, “All Kids”— y los programas de acogida y asistencia para la adopción. Todos estos programas dependen en parte del estatus migratorio, según la oficina de Raoul.
Raoul, que es hijo de inmigrantes haitianos, dijo que la oleada de órdenes ejecutivas de Trump, incluida una dirigida a la ciudadanía por derecho de nacimiento, fue “increíblemente decepcionante, aunque no sorprendente”.
“Los niños nacidos en Estados Unidos hijos de inmigrantes tienen derecho a los derechos y privilegios que acompañan a la ciudadanía estadounidense”, destacó Raoul en una declaración.
“Necesitamos discutir reformas migratorias bipartidistas y de sentido común, pero negar la ciudadanía por derecho de nacimiento, que data de hace siglos y ha sido confirmada dos veces por la Corte Suprema de Estados Unidos, no es la solución”.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó el martes la orden ejecutiva de ciudadanía por derecho de nacimiento de “inconstitucional” y prometió que Illinois “cumplirá la ley”.
La demanda incluye a Trump, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, la comisionada interina de la Administración del Seguro Social, Michelle King, el secretario de Estado, Marco Rubio, la secretaria interina de Salud y Servicios Humanos, Dorothy Fink, el fiscal general interino, James McHenry, y el secretario interino de Agricultura, Gary Washington, como acusados.
Como prometió, Trump emitió docenas de órdenes ejecutivas el lunes, entre ellas la retirada de Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París, la reinstalación de TikTok y el indulto de más de 1,500 personas por su papel en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago