Yolanda Orozco se tapó la cara con las manos tras pedir públicamente a los funcionarios federales de inmigración que liberaran a su esposo, semanas después de que lo arrestaran cuando llegaba a su casa en el suburbio de Lyons tras comprar tamales para su familia.
“Podríamos terminar viviendo en la calle”, dijo Orozco, explicando cómo su esposo, Abel Orozco Ortega, era el principal sostén de la familia. El hombre de 47 años de edad ha permanecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el 26 de enero.
Orozco, que por primera vez habló públicamente sobre su esposo, dijo que su arresto ocurrió justo cuando le diagnosticaron cáncer de seno y su hija embarazada fue hospitalizada poco después.
“Sólo pido la liberación de mi esposo”, destacó Orozco. “¿Es un delito trabajar? Porque él no bebe, no tiene vicios, no consume drogas. Sólo va a trabajar. ¿Eso es ser un delincuente: madrugar, ir a trabajar y cuidar de la familia?”.
Su esposo fue una de las 22 personas, incluyendo un ciudadano estadounidense, detenidas en el área de Chicago en las últimas semanas por ICE desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato.
Los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la ACLU de Illinois afirman que los arrestos violan un acuerdo judicial federal de 2022 que requería que ICE adoptara una política nacional sobre los arrestos de personas sin orden judicial.
Como parte del acuerdo, ICE no puede realizar arrestos sin orden judicial en el área de Chicago a menos que las autoridades consideren que la persona se encuentra en el país ilegalmente y tengan motivos para creer que huirá antes de obtener una orden judicial, declaró Rebecca Glenberg, abogada principal supervisora de litigios de la Primera Enmienda de la ACLU de Illinois.
Los abogados presentaron recientemente una moción ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos solicitando la ejecución del acuerdo y, entre otras cosas, buscan la liberación de dos inmigrantes que permanecen detenidos, entre ellos Abel Orozco Ortega.
También exigen que el gobierno regrese los pagos de fianza de las personas ya liberadas y que la oficina local de ICE en Chicago emita un informe semanal de todas las personas detenidas. Los abogados han estado trabajando con la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y las Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD), que operan una línea directa, (855) 435-7693, que ha estado dando seguimiento a los arrestos del ICE en Chicago.
Se espera que el gobierno federal responda a la moción antes del 3 de abril, y un juez federal en Chicago probablemente tomará una decisión o convocará una audiencia a finales de abril, según informaron los abogados.
En un correo electrónico, ICE declaró el lunes que no hace comentarios sobre los procedimientos judiciales. La agencia federal no ha detallado públicamente cuántas personas ha detenido desde que Trump asumió el cargo.
La moción describe la detención de Julio Noriega, ciudadano estadounidense de 54 años de edad, quien fue detenido por agentes de ICE el 31 de enero mientras caminaba cerca de Cermak Road y Harlem Avenue en Berwyn, mientras repartía su currículum a negocios.
Noriega fue esposado y puesto en una camioneta, luego llevado a un centro de procesamiento de ICE, donde permaneció durante al menos 10 horas antes de que los agentes se percataran de que era ciudadano estadounidense, según Mark Fleming, director asociado de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC). Fue liberado después de la medianoche sin posibilidad de regresar a casa y sin documentación de lo sucedido, añadió Fleming.
“Lo que este caso representa es que no tienen constancia de su detención”, destacó Fleming. “No tienen constancia de su detención, no hay videocámara ni cámara corporal. ¿Cómo es posible que no tengan constancia de su detención? Da miedo”.
Noriega declaró a los abogados que fue liberado junto con un grupo de personas, lo que generó dudas sobre si otras personas con estatus legal han sido detenidas por ICE en el área de Chicago.
La moción también describe el caso de dos hermanos, Jhony Ariel Godoy Gregorio y Marco Tulio Godoy Gregorio, quienes fueron detenidos por ICE el 27 de enero a eso de las 5:30 a.m., justo cuando manejaban al trabajo. Su otro hermano, quien en ese momento llevaba un monitor electrónico de ICE, parecía ser el objetivo del arresto y también fue arrestado, dijo Fleming.
Los agentes federales no le mostraron a Jhony Ariel Godoy Gregorio ni a Marco Tulio Godoy Gregorio una orden de arresto. Ambos hermanos fueron llevados a un centro de detención en Indiana y posteriormente transferidos a Luisiana antes de ser liberados bajo fianza, según la moción. En todo el país, otras familias han denunciado que ICE ha generado confusión en la forma en que han trasladado a inmigrantes de diversos centros.
Los abogados afirman que, en los 22 casos, ICE no contaba con la orden judicial necesaria para realizar los arrestos. En al menos dos casos, agentes federales forzaron su entrada a viviendas en Elgin y Chicago, donde arrestaron a inmigrantes que no eran el objetivo previsto.
“Tenían a la gente esposada, a veces encadenada, inmovilizada en su auto mientras salían corriendo a buscar una orden administrativa y luego, 30 minutos después, afirmaban: ‘¡Ah, tenemos una orden administrativa y no tenemos que acatar el acuerdo!’”, dijo Fleming. “Así no funciona la ley”.
De vuelta en Lyons, Eduardo Orozco comentó que su familia se vio obligada a cerrar el negocio de jardinería que Orozco padre dirigía y ahora les preocupa perder también su hogar.
“Es un hombre trabajador, cariñoso, atento y responsable”, dijo Eduardo Orozco sobre su padre. “Es alguien de admirar, y es un hombre honesto. Y no debió haber sido arrestado. Sólo quiero pedirle al gobierno que investigue quién es para que puedan hacer lo correcto”.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago