La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos la semana pasada de decidir si México puede responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por las armas de fuego que terminan en manos de los violentos cárteles de la droga mexicanos, es un momento para que Estados Unidos reflexione sobre qué tipo de vecino es y qué tipo debería ser.
México dice que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas de crímenes dentro de sus fronteras fueron traídas por traficantes de Estados Unidos, donde es demasiado fácil comprar armas. Se ha estimado que entre 200,000 y más de 500,000 armas de fuego compradas en ferias de armas o comerciantes privados en Estados Unidos son transportadas a México cada año.
¿Es así como Estados Unidos quiere ser visto por sus vecinos del sur: un lugar que difunde las herramientas de la violencia, el crimen y el dolor? ¿Un contribuyente a la muerte o desaparición de miles de mexicanos?
En México es muy difícil comprar un arma legalmente. El país no está plagado de tiendas y comerciantes de armas y cualquier compra implica trámites y registros que pueden tardar meses. Pero eso no impide que los cárteles consigan armas, incluidas las de alta potencia. Hay innumerables lugares en Estados Unidos donde los “compradores fantasma” pueden fácilmente abastecerse de armas de fuego y vendérselas a los cárteles.
No se trata de una cuestión de derechos de armas en Estados Unidos. Hay muchas formas de limitar las ventas de armas a quienes las posean de forma legal y segura. Pero en demasiadas jurisdicciones, es fácil para los delincuentes comprar cualquier cantidad de armas que terminan al otro lado de la frontera y tal vez se intercambian con los cárteles por fentanilo y otras drogas ilegales que se envían de regreso al norte.
Muy pocos estados han seguido el ejemplo de Illinois, donde ha habido un esfuerzo concertado para encontrar formas de reducir la violencia con armas de fuego. La legislación que los defensores de la seguridad de las armas esperan presentar en la sesión de veto de la Asamblea General reforzaría el requisito de informar sobre armas perdidas o robadas y exigiría el almacenamiento seguro de las armas en hogares con alguien menor de 18 años (en lugar de 14, según la ley actual), alguien en riesgo o alguien a quien no se le permita portar un arma.
La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó la demanda de México en enero, revocando una decisión de una corte inferior, pero es demasiado pronto para saber qué decisión tomará la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre las cuestiones legales.
Sin embargo, no es demasiado pronto para saber que la avalancha de armas que cruzan la frontera hacia México es una mancha en la imagen de los Estados Unidos.
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Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago