Al menos 50 empleados dejarán la oficina de Chicago del Departamento de Educación de Estados Unidos, casi todos debido a los despidos anunciados por la administración de Trump, según documentos enviados a los funcionarios sindicales del Departamento de Educación.
Los despidos están eliminando la Oficina de Derechos Civiles de Chicago, una de las siete oficinas en todo el país donde se están eliminando todos los puestos, informaron el miércoles funcionarios del sindicato que representa a los empleados del departamento.
La oficina se encarga de hacer cumplir las leyes federales contra la discriminación en las escuelas. Esto dejará cinco oficinas en un momento en que el Departamento de Educación enfrenta una acumulación de quejas de estudiantes y familias.
Aproximadamente 240 de los más de 1,300 despidos anunciados el martes fueron en la Oficina de Derechos Civiles, según The Associated Press. A pesar de las garantías de que el trabajo del departamento continuará sin verse afectado, un gran número de casos parecen estar en el limbo.
Sheria Smith, abogada que fue despedida de la Oficina de Derechos Civiles en Texas y presidenta de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales Local 252, afirmó que la oficina brinda apoyo legal gratuito a familias, incluyendo a muchos padres de estudiantes con discapacidades, mientras colaboran con los distritos escolares para que cumplan con la ley.
“Si eres estudiante… esperas estar protegido por tu escuela”, declaró Smith en una llamada con periodistas el miércoles. “Lo que ha hecho esta administración es eliminar la supervisión. Es decir, ha eliminado la protección de los estudiantes estadounidenses… desde el kínder hasta la educación superior”.
Una lista de personal enviada por el Departamento de Educación al sindicato nombra a 43 empleados sindicalizados afectados en Chicago. Al menos siete gerentes de una unidad no están incluidos. La lista incluye a 27 empleados de la Oficina de Derechos Civiles y 12 de la Ayuda Federal para Estudiantes, que supervisa la ayuda financiera federal para la universidad. La plantilla incluye abogados, especialistas en igualdad de oportunidades, contadores, analistas financieros y especialistas en revisión de entidades crediticias.
En cuanto al impacto de los recortes a la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, Smith no cree que los estudiantes de último año de secundaria reciban esta primavera la información que necesitan del Departamento de Educación para decidir qué universidades pueden costear.
“Simplemente no entiendo cómo es posible, porque esta administración ha despedido a cientos de personas que realizan ese trabajo sin ningún plan para continuar con el trabajo, para continuar con esos servicios”, destacó Smith.
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) también declaró que un empleado federal de carrera le informó que la oficina que brinda apoyo a los estados que reciben fondos federales se redujo. No ha recibido ninguna comunicación formal sobre los $3.56 mil millones en fondos que la ISBE espera recibir en el año fiscal que comienza en julio.
“Esta es la cantidad de información disponible de la ISBE en este momento y está profundamente preocupada por las posibles consecuencias”, declaró la ISBE en un comunicado.
Los líderes sindicales condenaron los despidos.
“Hay un tsunami que viene de Washington para todos los niños de este estado y del país”, declaró el miércoles Dan Montgomery, presidente de la Federación de Maestros de Illinois. “No se trata de eficiencia… Es la destrucción del Departamento de Educación porque esta administración en Washington quiere otorgarles enormes exenciones fiscales a multimillonarios”.
Al Llorens, presidente de la Asociación de Educación de Illinois, señaló el posible impacto en los estudiantes de educación especial. El Departamento de Educación proporciona una supervisión clave para los servicios y la financiación de la educación especial.
“Hacer recortes generalizados como los ordenados [el martes] no afecta a burócratas anónimos; afecta a nuestros hijos”, declaró Llorens en un comunicado.
La administración de Trump no ha dicho cómo procederá con los miles de casos de la Oficina de Derechos Civiles que gestiona el personal que está eliminando. Los casos involucran a familias que intentan obtener servicios escolares para estudiantes con discapacidades, acusaciones de prejuicios raciales y religiosos, y denuncias de violencia sexual en escuelas y campus universitarios.
Algunos empleados que permanecen en el cargo dijeron que no hay forma de atender todos los casos de sus colegas despedidos. Muchos ya tenían dificultades para seguir el ritmo de su propia carga de trabajo. Con menos de 300 trabajadores, las familias probablemente esperarán años para obtener una resolución, afirmaron.
Los funcionarios del departamento insistieron en que los recortes no afectarán las investigaciones de derechos civiles. Las reducciones fueron “decisiones estratégicas”, declaró la portavoz Madison Biedermann.
La Oficina de Derechos Civiles “podrá realizar el trabajo”, afirmó Biedermann. “Tendrá que ser diferente, y lo sabemos”.
Los despidos forman parte de una drástica reducción de personal ordenada por el presidente Donald Trump para reducir la influencia del gobierno federal. El Instituto de Ciencias de la Educación, que supervisa las evaluaciones del funcionamiento del sistema educativo y la investigación sobre las mejores prácticas docentes, también está perdiendo cientos de empleados.
Trump ha impulsado el cierre total del Departamento de Educación, calificándolo de “estafa” y afirmando que su autoridad debería transferirse a los estados. El miércoles, declaró a la prensa que muchos empleados de la agencia “no trabajan en absoluto”. En respuesta a los despidos, afirmó que su administración está “dejando a los mejores”.
Luego de los recortes, la Oficina de Derechos Civiles sólo contará con personal en Washington, D.C. y cinco oficinas regionales, que tradicionalmente se encargan de investigar quejas y mediar en resoluciones con escuelas y universidades. Además de Chicago, se están cerrando edificios y despidiendo personal en Dallas, Nueva York, Boston, Cleveland, Filadelfia y San Francisco.
Antes de los despidos, la oficina de derechos civiles había estado perdiendo personal incluso cuando las quejas alcanzaban niveles récord. La plantilla había disminuído por debajo de los 600 empleados antes de que Trump asumiera el cargo, y el año pasado se presentaron casi 23,000 quejas, más que nunca.
Los funcionarios de Trump ordenaron la congelación de la mayoría de los casos al llegar al departamento, lo que aumentó la acumulación de casos. La semana pasada cuando la secretaria de Educación, Linda McMahon, eliminó la congelación, había más de 20,000 casos pendientes.
Históricamente, la mayor parte del trabajo de la oficina se centra en casos de derechos de las personas con discapacidad, pero ha recibido un número creciente de quejas que alegan discriminación por razón de sexo o raza. También ha desempeñado un papel destacado en la investigación de denuncias de antisemitismo e islamofobia en medio de la guerra entre Israel y Hamás y la ola de manifestaciones universitarias que se extendió por todo el país el año pasado.
Craig Trainor, designado por Trump para dirigir la oficina, ordenó al personal que se centrara en los casos de antisemitismo como máxima prioridad la semana pasada.
En su audiencia de confirmación, McMahon afirmó que el objetivo no es recortar fondos para programas clave, sino que operen de forma más eficiente. Se comprometió a defender la labor de la agencia en materia de derechos civiles, pero señaló que sería más conveniente transferirla al Departamento de Justicia.
Contribuyeron: Kate Grossman, Anna Savchenko, Nader Issa, Sarah Karp, Associated Press
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago