El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump está demandando al gobernador de Illinois JB Pritzker, al alcalde de Chicago Brandon Johnson, y a la presidenta de la Junta del Condado de Cook Toni Preckwinkle, argumentando que sus capas de gobierno controladas por los demócratas están interfiriendo con la aplicación de las leyes federales de inmigración mientras la Casa Blanca lleva a cabo una campaña de deportación masiva.
La demanda federal, presentada el jueves en la Corte del Distrito de los Estados Unidos en Chicago, afirma que las políticas de santuario que prohíben a las autoridades locales cooperar con el esfuerzo de deportación están “intensificando” una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos.
Pritzker, Johnson y Preckwinkle han prometido defender las leyes de santuario del estado y la ciudad, lo que significa que las autoridades locales no ayudarán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federal a rastrear a los inmigrantes sin estatus legal.
El Departamento de Justicia afirma que los líderes de Illinois han estado “aplicando mínimamente, y con frecuencia frustrando afirmativamente” las investigaciones federales, lo que ha dado como resultado que “muchos criminales sean liberados en Chicago que deberían haber sido detenidos para su expulsión de los Estados Unidos por motivos de inmigración”. Quieren una orden judicial que prohíba las protecciones estatales y locales para los inmigrantes.
“Esta crisis nacional destaca la importancia vital de ‘hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación’”, afirma la demanda. “Esta acción busca poner fin a los esfuerzos de un estado para impedir que el gobierno federal haga eso”.
Los inmigrantes sin estatus legal no han causado una cantidad desproporcionada de delitos en comparación con el resto de la población, según han demostrado varios estudios.
La administración de Trump sostiene que las leyes y ordenanzas estatales a nivel del condado y la ciudad “están diseñadas para interferir y discriminar contra la aplicación de la ley federal de inmigración por parte del gobierno federal, en infracción de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”.
‘Illinois defenderá nuestras leyes’
Pritzker dijo que la Ley TRUST del estado, la ley de 2017 que prohíbe a la policía local ayudar con la aplicación de la ley de inmigración, “siempre ha cumplido con la ley federal y todavía lo hace hasta hoy”.
“A diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley”, destacó Pritzker en una declaración. “Illinois defenderá nuestras leyes que le dan prioridad a los recursos policiales para combatir el crimen y al mismo tiempo permiten que la policía estatal ayude a detener a los criminales violentos. En lugar de trabajar con nosotros para apoyar a la policía, la administración de Trump hace que sea más difícil proteger al público, tal como lo hicieron cuando Trump indultó a los criminales violentos condenados el 6 de enero. Los veremos en la corte”.
Mientras el Departamento Legal de la ciudad revisaba la demanda, Johnson destacó: “Chicago es y seguirá siendo una ciudad acogedora, con gente acogedora que trabaja junto a sus vecinos para construir comunidades fuertes donde aún se puede criar una familia”.
“La seguridad de los residentes de Chicago continúa siendo la prioridad para la administración de Johnson”, dijo el alcalde en un comunicado. “Chicago seguirá protegiendo a los trabajadores de nuestra ciudad y defendiéndose de los ataques a nuestros valores de muchos años. Chicago se mantendrá enfocada en nuestras prioridades”.
Preckwinkle dijo: “El Condado de Cook sigue comprometido a ser una comunidad justa y acogedora para todos los residentes. Nuestras políticas reflejan nuestros valores de muchos años y garantizan que los recursos locales se utilicen para promover la seguridad pública y la confianza de la comunidad. Revisaremos la denuncia y responderemos en consecuencia”.
La demanda también citó como acusados al superintendente del Departamento de Policía de Chicago (CDP), Larry Snelling, y al sheriff del Condado de Cook, Tom Dart, como acusados. Los funcionarios del CPD se negaron a dar comentarios.
La oficina de Dart dijo que “no aprueba ni promulga leyes sobre inmigración” y “ha sido nuestra práctica durante mucho tiempo trabajar con todos los agentes federales que proporcionan órdenes de arresto que los autorizan a tomar la custodia de personas detenidas en la Cárcel del Condado de Cook”.
Reacción del Concejo Municipal: ‘No estamos obstruyendo nada’
Trump, quien durante mucho tiempo ha utilizado a Chicago como una piñata política y ha denigrado a la ciudad como infestada de delincuencia y “una vergüenza para nosotros como nación”, intentó retener la financiación de las fuerzas del orden federales a Chicago durante su primer mandato como presidente. Ese esfuerzo fue revocado por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Pero los funcionarios del Departamento de Justicia señalaron poco después de la toma de protesta de Trump el mes pasado que perseguirán a los gobiernos estatales y locales que se pensaba que estaban debilitando las leyes federales de inmigración.
El concejal Andre Vásquez (40º), que preside el Comité de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados del Concejo Municipal, dijo que la demanda de Trump “no era sorprendente”.
“Que el Departamento de Justicia haga esto coincide con la forma en que quieren causar problemas y generar caos. Es algo que todos deberíamos haber anticipado, y algunos de nosotros lo hicimos”, aseguró Vásquez. “Trump va a utilizar al gobierno federal como arma por todos los medios que pueda”.
“Lo que estamos haciendo no es obstruir nada porque no estamos impidiendo que nadie haga nada”, aseguró Vásquez. “El hecho de que no estemos interactuando no es lo mismo que bloquear”.
El concejal Carlos Ramírez-Rosa (35°) calificó la demanda como una “extralimitación federal y un desperdicio de recursos del gobierno federal”.
“Si bien Trump y su administración pueden estar en desacuerdo con nuestras políticas de ciudades santuario, estamos protegidos por la Décima Enmienda y, como gobierno estatal y local, tenemos la capacidad de determinar nuestras propias políticas que sean en el mejor interés de nuestras comunidades”, explicó Ramírez-Rosa.
Llamados a la cooperación
Han pasado 40 años desde que el alcalde Harold Washington emitió una orden ejecutiva declarando a Chicago una “ciudad santuario”, lo que significa que las personas indocumentadas pueden acceder a los servicios de la Municipalidad y vivir sin temor al acoso policial o la cooperación de la Municipalidad con las autoridades federales de inmigración.
El mes pasado, después de una furiosa campaña de cabildeo por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes y sus campeones políticos, el Concejo Municipal, sin debate, votó 39-11 para archivar un intento de dos concejales de restablecer las excepciones a la ordenanza de la ciudad de Ciudad Acogedora.
La ordenanza fallida fue liderada por los colegas del lado sur Ray López (15°) y Silvana Tabares (23°), dos de los críticos más abiertos del alcalde Brandon Johnson. Esas excepciones habían sido eliminadas durante la administración de la ex alcaldesa Lori Lightfoot.
El jueves, López culpó a lo que llamó la “retórica incendiaria y desafiante” de Johnson “y sus aliados radicales” por las acciones legales tomadas por la administración de Trump.
“Chicago está sufriendo el ataque inicial de la administración de Trump debido a la negativa inquebrantable de Johnson a permitir cambios de sentido común en nuestra Ordenanza de Ciudad Acogedora”, dijo López en un comunicado. “El desafío político continuo de Brandon Johnson seguirá amenazando a los residentes indocumentados de largo plazo a medida que su número aumenta en arrestos por captura colateral”.
Los republicanos de Illinois pidieron a los demócratas que controlan todas las palancas de poder en Springfield que deroguen la Ley TRUST.
“Al seguir obstruyendo a las autoridades federales de inmigración para que no detengan a criminales peligrosos que se encuentran en Illinois ilegalmente, el gobernador Pritzker y el alcalde Johnson están poniendo en riesgo tanto a las fuerzas del orden como a los habitantes de Illinois”, dijo en una declaración el líder de la minoría del Senado de Illinois, John Curran, republicano de Downers Grove.
El comisionado del Condado de Cook, Sean Morrison —el único miembro republicano de la Junta del Condado— calificó la demanda del Departamento de Justicia como “un duro recordatorio de las graves consecuencias de la falta de cooperación”.
“Al alinear nuestras políticas con los esfuerzos federales, podemos asegurar que quienes infrinjan nuestras leyes rindan cuentas y sean expulsados de nuestras comunidades”, dijo Morrison en una declaración.
El “zar de la frontera” de la administración de Trump, Tom Homan, en un evento del PAC Law & Order en diciembre en el lado norte. Homan y el presentador de televisión Dr. Phil McGraw estuvieron en Chicago para observar y transmitir en vivo los operativos de inmigración. | Tyler Pasciak LaRiviere/Archivos Sun-Times
La demanda por discriminación es infundada según la definición del diccionario
Ed Yohnka, director de comunicaciones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Illinois, desestimó la demanda como “poco más que la continuación de los insultos y amenazas” pronunciados por el “zar de la fontera” de Trump, Tom Homan.
“La Constitución permite que el gobierno estatal y local determine las prioridades locales sin interferencia del gobierno federal. El presidente y sus aliados no pueden ignorar esta realidad en su afán por llevar a cabo un programa de deportación masiva cruel y preocupante”, dijo Yohnka.
La nueva demanda fue recibida con escepticismo por Ron Safer, quien representó a la Municipalidad en la demanda de 2017 que llevó a un juez federal a dictaminar que el entonces fiscal general Jeff Sessions excedió su autoridad cuando exigió a las ciudades que notificaran a los agentes de inmigración cuando las personas que se encuentran en el país ilegalmente están a punto de ser liberadas de la cárcel.
“En este caso, no hay ninguna ley estatal que perjudique la aplicación de la ley federal de inmigración. No existe ninguna ordenanza estatal o municipal que impida a las fuerzas del orden hacer cumplir la ley. Lo que dice es que cuando los agentes de policía de Chicago o los alguaciles del Condado de Cook entran en contacto con inmigrantes, que pueden ser indocumentados o no, no preguntan por su estatus migratorio. Eso es todo”, dijo Safer.
El caso de 2017 de la administración de Trump fue rechazado por un juez republicano conservador a nivel de la corte de distrito y finalmente fue rechazado por los jueces de la Corte Suprema. La nueva demanda está asignada a la jueza de distrito de los Estados Unidos, Lindsay Jenkins, quien fue designada por el expresidente Joe Biden.
Safer descartó la afirmación de la administración de Trump de discriminación contra el gobierno federal como “probablemente infundada según la definición del diccionario”, pero dijo que no está seguro de cómo se desarrollarán las cosas si el caso avanza a la corte superior con mayoría conservadora de 6-3 esta vez.
Daniel Richman, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia, que se especializa en la interacción entre el gobierno federal y las entidades locales en la aplicación de las leyes penales, dijo que esta Corte Suprema “ha sido bastante contundente” en “el principio de que el gobierno federal no puede obligar a los estados a colaborar activamente en la aplicación de las leyes federales”.
“Hay una larga historia de intentos del gobierno federal de obligar a las autoridades estatales y locales a hacer lo que les ordena. No solo el principio anti-apropiación del derecho constitucional argumenta en contra de eso, sino también la política cada vez que el gobierno federal ha tratado de imponer su voluntad a las autoridades estatales y locales”, dijo Richman. “Ya sea que se trate de la Prohibición o de la Ley de Esclavos Fugitivos, o –es triste decirlo– de la Reconstrucción, ha fracasado”.
Los argumentos de la demanda y el hecho de que el Departamento de Justicia haya señalado a Illinois, el Condado de Cook y Chicago entre todos los estados y ciudades con leyes de “santuario” similares hicieron pensar a Nicole Hallett, directora de la Clínica de Inmigración de la facultad de derecho de la Universidad Northwestern, que el caso tiene más que ver con el mensaje que con la aplicación de la ley.
“Podría ser que las leyes de Illinois y Chicago estén entre las más amplias del país. La otra razón es que muchas personas han convertido a Chicago en un ejemplo de lo que creen que está mal en la forma en que los estados manejan la aplicación de la ley de inmigración, e Illinois es el enemigo público número uno, así que ¿por qué no empezar por aquí?”, dijo Hallett.
“Hay muchos precedentes de que el gobierno federal no puede obligar a los estados a hacer lo que quieran. La queja parece ser que [Illinois] no está ayudando a hacer cumplir las leyes de inmigración. Bueno, ¿adivinen qué? Las cortes han dicho que no tienen que hacerlo”.
Contribuyeron: Andy Grimm, Jon Seidel y Tessa Weinberg, WBEZ
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago