El presidente Donald Trump, que impuso aranceles de castigo a México esta semana, se queja de que nuestro vecino del sur no está haciendo lo suficiente para impedir que las drogas ilegales crucen la frontera. México tiene una queja similar sobre Estados Unidos y las armas, reflejada en un caso que la Corte Suprema escuchó el mismo día en que entraron en vigor los aranceles.
Oficialmente, el gobierno mexicano demandó a los fabricantes de armas estadounidenses, culpándolos de “ayudar e incitar” el tráfico de armas de fuego a los cárteles de la droga. Pero su verdadero problema es con la Segunda Enmienda, que prohíbe el tipo de restricciones radicales a las armas que los funcionarios mexicanos creen que requiere la seguridad pública.
Aunque la Constitución mexicana protege teóricamente “el derecho a tener armas en casa”, otorga al gobierno una amplia libertad para decidir qué armas de fuego pueden tener los civiles. Los mexicanos pueden comprar legalmente armas autorizadas en un solo establecimiento en la Ciudad de México. Todas las armas de fuego deben estar registradas ante el gobierno, y es casi imposible obtener permiso para portar armas en público para la autodefensa.
En cambio, en Estados Unidos, la Constitución garantiza “el derecho de las personas a tener y portar armas”, lo que, según la Corte Suprema, descarta políticas como la prohibición de las pistolas y la exigencia de que las personas demuestren una “necesidad especial” para llevarlas fuera del hogar. La Corte también ha dicho que la Segunda Enmienda cubre las armas “de uso común” para “fines lícitos como la autodefensa”.
Smith & Wesson, uno de los fabricantes de armas demandados por el gobierno mexicano, dice que el contraste es el subtexto de este caso. La demanda, señala, no sólo busca $10,000 millones en daños, sino también “amplias medidas cautelares que impongan nuevas medidas de control de armas en Estados Unidos”, incluyendo “verificaciones de antecedentes universales”, prohibiciones de “armas de asalto” y cargadores con capacidad para más de 10 balas, y “límites estrictos a las ‘ventas múltiples’ de armas de fuego”.
México “no oculta que aborrece la forma en que este país aborda las armas de fuego”, afirma Smith & Wesson. “En esencia, México busca utilizar las leyes de responsabilidad civil mexicanas para regular la forma en que se fabrican y venden las armas de fuego en Estados Unidos”.
El principal obstáculo a esa estrategia es una ley federal de 2005 que, en general, prohíbe las demandas por responsabilidad civil contra fabricantes, distribuidores o comerciantes de armas basadas en “el uso indebido, delictivo o ilegal” de sus productos. El año pasado, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, no obstante, permitió que la demanda de México procediera basándose en una excepción a esa regla.
La excepción se aplica cuando una empresa infringe “con conocimiento” una ley de armas estatal o federal y esa violación “fue una causa próxima del daño por el que se solicita la reparación”. Sin embargo, México no alega que los fabricantes de armas no hayan cumplido con ninguna regulación estatal o federal pertinente.
En cambio, México se opone a prácticas comerciales de larga duración y perfectamente legales que, según afirma, han alentado y permitido que los cárteles de la droga obtengan armas de fuego de fabricación estadounidense. Esas prácticas, señala Smith & Wesson, incluyen la fabricación y promoción del “rifle más popular de Estados Unidos, el AR-15”; la producción de cargadores de “gran capacidad”, “que en realidad son cargadores de capacidad estándar”; y la participación en el sistema de distribución de armas de tres niveles autorizado por el gobierno federal, en el que los fabricantes venden armas de fuego a mayoristas que las suministran a minoristas.
Según la demanda, los fabricantes deberían haber previsto que una parte de esas armas (cerca del 2%, según las estimaciones de Smith & Wesson) terminarían en México, y deberían haber hecho más para evitar ese resultado. Esa teoría de responsabilidad, dice Smith & Wesson, amplía el significado de “causa próxima” y “complicidad” más allá del reconocimiento.
México sostiene que durante décadas los fabricantes de armas estadounidenses han infringido la ley abierta y conscientemente.
Esta demanda tiene como objetivo reformar la industria de armas de Estados Unidos directamente, a través de una orden judicial que prohíba las prácticas que ofenden a México. También pretende hacerlo de manera indirecta, reviviendo una amenaza de responsabilidad que el Congreso reconoció correctamente como un peligro para los derechos constitucionales que los fabricantes de armas de fuego permiten ejercer a los estadounidenses.
Jacob Sullum es editor principal de la revista Reason.
Envía tus cartas a letters@suntimes.com
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago