Antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump que será el 20 de enero, el Concejo Municipal de Chicago bloqueó el miércoles una propuesta para permitir que el Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus siglas en inglés) ayude en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
En una votación de 39 votos en contra y 11 a favor, los miembros del concejo impidieron que la ordenanza de los concejales Raymond López y Silvana Tabares se sometiera a votación. La concejal Jessie Fuentes (26°), que hizo una moción para bloquear la propuesta, dijo que la derrota rápida debería enviar un mensaje contundente a los futuros intentos de enmendar las protecciones de Chicago para las comunidades migrantes.
“Hoy quedó muy claro: treinta y nueve concejales ni siquiera van a entrar en la conversación. Creemos que debemos seguir siendo una ciudad santuario. Creemos que la ordenanza de la ciudad acogedora está haciendo su trabajo”, dijo Fuentes. “Así que pueden intentarlo, pero obtendrán 39 votos cada vez [que lo hagan]”.
López, quien es el patrocinador principal de la propuesta, dijo que seguirá presionando para revocar ciertas protecciones para los migrantes indocumentados en Chicago, pero no dio detalles sobre lo que cambiaría de su ordenanza propuesta o cómo presionaría a sus colegas en el futuro. En cambio, pidió a quienes lo critican que se lo digan directamente a él.
“Hoy escuchamos mucho hablar sobre que debería haber cambios, pero simplemente decir eso y luego alejarse de la conversación no es la forma de hacer avanzar la legislación”, comentó López. “Nuestras puertas siempre han estado abiertas, nuestros teléfonos nunca se han apagado y nuestros correos electrónicos siguen funcionando”.
La propuesta permitiría a la policía “trabajar con agentes o agencias federales de inmigración” cuando alguien es arrestado o condenado por “actividades relacionadas con drogas”, “actividades relacionadas con pandillas”, “actividades relacionadas con la prostitución” o un delito sexual que involucra a un menor.
No está claro cómo definiría el CPD esas categorías más amplias y decidiría qué delitos caen bajo qué categoría, lo que es, en parte, una de las razones por las que el departamento se opone a la propuesta, según un memorando enviado a los concejales la semana pasada.
La propuesta impulsó a un gran grupo de defensores de la inmigración a acudir a la reunión del Concejo Municipal del miércoles. Muchos de ellos hablaron a favor de las protecciones otorgadas en el estatus de santuario de Chicago, como Celine Taki, de 21 años de edad, cuyo padre emigró de Siria para escapar de la guerra en la que contó, luego murió su hermano.
“Los migrantes no abandonan su patria a menos que sepan que quedarse en su país es más peligroso que la incertidumbre de la inmigración”, testificó. “Despojar a las personas de su seguridad cuando vienen a Estados Unidos en busca de seguridad es un error en muchos sentidos, dado que este país se construyó gracias a migrantes y esclavos”.
También estuvo presente un pequeño pero constante grupo de partidarios antimigrantes y pro-Trump que han acudido regularmente a las reuniones del concejo para oponerse al apoyo a los migrantes. Gritaron frases como “Trump [viene] por tí” y “los ilegales no tienen derechos”, mientras hablaban los asistentes pro-inmigrantes.
Los grupos de derechos de los migrantes que trabajaron para eliminar las excepciones a la Ordenanza de Ciudad Acogedora en 2021 expresaron su alivio el miércoles de que permanece intacta. Fred Tsao, asesor principal de políticas de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés), instó a los miembros del Concejo Municipal a “mantener y defender la ordenanza en lugar de revertirla” frente a la administración entrante de Trump.
La Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago prohíbe al Departamento de Policía coordinarse con las autoridades federales de inmigración. También prohíbe en gran medida a la policía preguntar el estatus de ciudadanía de una persona.
Y la policía no puede “arrestar, detener o retener a una persona únicamente con la creencia de que la persona no se encuentra legalmente en los Estados Unidos, o que la persona ha cometido una violación civil de las leyes de inmigración”, incluso a pedido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La Ley TRUST de Illinois prohíbe en gran medida el mismo tipo de coordinación, pero para todo el estado. La ordenanza propuesta podría violar la ley estatal, un punto que el propio departamento legal de la Municipalidad y el CPD han planteado como problemas. La Oficina del Fiscal General de Illinois, que tiene la autoridad para investigar infracciones a las Leyes TRUST y VOICES, dijo que la ordenanza “crearía posibles conflictos” con la Ley TRUST de Illinois.
“La propuesta está llena de problemas de debido proceso y parece tener consecuencias no deseadas de perfilación racial, con sus referencias al merodeo y la retraumatización de sobrevivientes de la trata de personas que fueron obligadas a prostituirse”, dijo un portavoz de la oficina del fiscal general de Illinois en un comunicado.
La “manera más significativa” en la que los agentes de ICE solicitan ayuda a las municipalidades locales es a través de la llamada orden de detención de ICE, dijo Mark Fleming, director asociado de litigios del Centro Nacional de Justicia para Migrantes con sede en Chicago. Una orden de detención de ICE es un documento que solicita a la policía local que retenga a alguien durante 48 horas después de su liberación esperada para darle tiempo a un oficial de control de inmigración para que llegue.
Respetar estas órdenes de detención ha resultado costoso para algunas municipalidades locales. El mes pasado, un juez decretó a la Ciudad de Nueva York responsable de $92.5 millones por detener ilegalmente a personas después de sus fechas de liberación a pedido de ICE.
López confirmó que respetar una orden de detención de ICE es la manera principal en que imagina que el CPD cooperará con los oficiales de control de inmigración según su propuesta. Enfatizó que no tenía conocimiento de demandas como la de la Ciudad de Nueva York cuando presentó la ordenanza.
El esfuerzo de López y Tabares ocurre en medio de un impulso similar a nivel federal antes de la toma de posesión de Trump la próxima semana. Los legisladores federales han impulsado la Ley Laken Riley, que instruirá a los funcionarios federales a detener a las personas que se encuentran en los Estados Unidos sin estatus legal y acusadas de delitos como hurto en tiendas o robo.
Y se basa en esfuerzos anteriores para que el público opine sobre la Ordenanza de Ciudad Acogedora de Chicago después de que la Municipalidad tuvo dificultades para albergar y cuidar a decenas de miles de migrantes en los años recientes.
Mariah Woelfel y Tessa Weinberg cubren el gobierno y la política de Chicago para WBEZ.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago