Un gran número de miembros de la junta escolar de Chicago se ha pronunciado en contra de reembolsar al Concejo Municipal un pago de pensión impugnado, lo que frustra su aprobación. Esto deja al alcalde Brandon Johnson con menos de una semana para cambiar de opinión o encontrar otra manera de obtener los fondos necesarios para cerrar el presupuesto municipal de 2024 con resultados positivos.
La semana pasada, el presidente de la Junta de Educación, Sean Harden, pospuso la votación crucial sobre la aprobación de un pago de pensión de $175 millones de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) a la Municipalidad, una clara señal de que carecía de apoyo suficiente para su aprobación. Explicó que el retraso se debía a un inminente acuerdo contractual con el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), aunque dicho acuerdo aún no se ha alcanzado.
Durante el fin de semana, siete de los 20 miembros con derecho a voto de la junta firmaron una carta en la que informaban a Harden que mantendrían su voto en contra del pago de pensión si convocaba una reunión especial esta semana para reintroducir el tema. Una enmienda presupuestaria necesita el apoyo de dos tercios (14 votos) para ser aprobada.
“No podemos, en buena conciencia, realizar pagos para cosas para las que no tenemos medios sostenibles de recaudar ingreso”, escribieron los miembros de la junta en una carta publicada inicialmente por Chalkbeat Chicago.
Aun así, la alcaldía declaró el lunes que seguirá trabajando con la junta para encontrar una solución y que “sigue esperando que CPS” realice el pago de pensión. Johnson no ha presentado un plan B.
La votación pospuesta la semana pasada modificó el presupuesto de CPS para incluir tres costos adicionales: el pago de pensiones, que cubre al personal de CPS que no es docente; un contrato con el CTU que está a punto de ser liquidado; y un acuerdo aún pendiente con el nuevo sindicato de directores.
El alcalde ha presionado para que CPS cubra los tres gastos utilizando un superávit récord de financiación del incremento de impuestos (TIF) proporcionado por su oficina y otros métodos, como préstamos a corto plazo o reestructuración de deuda.
El director ejecutivo de CPS, Pedro Martínez, ha rechazado los préstamos o la refinanciación por considerarlos fiscalmente irresponsables. En consecuencia, ha declarado que CPS no tiene los fondos para realizar el pago de pensiones y ha instruido a la junta a centrarse en cubrir los costos de los contratos laborales.
El asunto ha dividido a la junta principalmente entre partidarios y detractores del CTU, con los nombrados por el alcalde y la mayoría de los miembros electos con apoyo del CTU a favor de realizar el pago de pensiones.
El grupo que apoya a Martínez y firmó la carta a Harden está compuesto principalmente por miembros electos que vencieron a candidatos respaldados por el CTU, independientes y uno que recibió fondos del CTU, pero que no ha votado consistentemente con ese grupo.
El lunes, Harden no respondió a preguntas sobre si ha aceptado que los miembros de la junta no aprueben el pago de la pensión.
El miembro de la junta, Che “Rhymefest” Smith, dijo que no se ve aprobando ningún préstamo ni refinanciamiento y firmó la carta para informar a la alcaldía que debe avanzar.
“Consideré fundamental dejar clara nuestra postura, para que, si el alcalde tiene otras oportunidades, al menos sepa cuál es la postura de CPS”, destacó.
La alcaldía y algunos miembros del Concejo Municipal advirtieron a la junta escolar que la Municipalidad podría recortar el apoyo financiero al distrito escolar si no se concreta el pago de la pensión. Sin embargo, Smith se opuso a esa idea.
“Él es el alcalde de educación y me molesta la insinuación de que no lucharía con CPS para asegurarse de que reciba el dinero que merece”, agregó Smith.
El refinanciamiento de deudas fue una opción que surgió a última hora, dado que CPS ya había reestructurado parte de su deuda este año escolar bajo la dirección de Martínez. Sin embargo, Martínez y varios miembros de la junta rechazaron esa idea.
“El refinanciamiento de deudas se ha convertido en una herramienta: ‘Oh, sé cómo hacerlo, podemos ahorrar algunos costos’”, dijo el miembro de la junta Ángel Gutiérrez, quien firmó la carta a Harden. “Claro, ya se están dando cuenta de esos ahorros iniciales, pero la deuda sigue aumentando”.
Sin embargo, Gutiérrez reconoció que CPS ya utilizó esa herramienta este año. Y a pesar de su oposición, dijo que no quiere quitarle al distrito la flexibilidad de usar la refinanciación para resolver el déficit presupuestario del próximo año escolar.
Mientras tanto, Johnson, sus aliados políticos y asesores financieros han pasado las últimas semanas intentando persuadir a la junta escolar, parcialmente elegida y parcialmente nombrada, para que reembolse a la Municipalidad, que ya realizó un pago de $400 millones al Fondo de Anualidades y Beneficios de los Empleados Municipales, pero presupuestó $175 millones del CPS para cubrir a sus empleados.
Si la Municipalidad no recibe el dinero antes del 31 de marzo, Johnson tendrá tres malas opciones: cerrar las cuentas de 2024 en números rojos, buscar los $175 millones para el pago de pensiones en otra parte del presupuesto municipal o hacer uso de las reservas municipales.
El concejal Jason Ervin (28º), presidente del Comité de Presupuesto del Concejo Municipal elegido personalmente por Johnson, insinuó firmemente que el alcalde realizaría su “plan B” sin recurrir al Concejo Municipal.
“En este momento, se trata principalmente de un problema contable”, dijo Ervin, restándole importancia. “Si CPS no aporta el dinero, nuestro saldo de fondos sufrirá una pérdida de $175 millones. … No será un pasivo contable. Será un golpe al saldo de fondos, simple y sencillamente. Será una reducción en su saldo de fondos”, dijo.
El saldo de fondos incluye dólares que pueden utilizarse para cualquier propósito.
Al ser preguntado sobre si el Concejo Municipal tendrá que aprobar una reducción en el saldo de fondos, Ervin respondió, “No. Es un asunto contable”.
El concejal Walter Burnett (27º), presidente del Comité de Zonificación del Concejo Municipal, designado personalmente por Johnson, afirmó que espera que Johnson “haga lo necesario” para cerrar las cuentas de 2024 con resultados positivos.
“Para lograrlo, probablemente no volverá al Concejo”, declaró Burnett el lunes. “Si puede hacerlo sin volver al Concejo, me imagino que probablemente lo hará porque es necesario”.
El concejal Bill Conway (34º), vicepresidente del Comité de Finanzas del Concejo, afirmó que no está claro qué podría hacer Johnson para resolver este problema.
Sin embargo, Conway afirmó que sería una “muy mala decisión para un alcalde políticamente debilitado” saquear las reservas o transferir $175 millones de su presupuesto de $17.1 millones para cubrir el pago de las pensiones escolares sin la aprobación del Concejo.
“Tal vez pueda encontrar alguna autorización legal para ello en algún asunto de deuda anterior con el que no estoy familiarizado”, dijo Conway. “Pero claramente no debería hacerlo. Somos una rama del gobierno con igualdad de poderes. El Concejo y la alcaldía realmente necesitan colaborar”.
“Espero que haya visto las consecuencias negativas de no hacerlo en casos anteriores, como la eliminación de ShotSpotter, el despido de Pedro Martínez [director ejecutivo de CPS] y su presupuesto apenas aprobado”, agregó.
Conway añadió que si al alcalde Johnson le gusta llamarse a sí mismo el “colaborador en jefe”, esperaba que haga honor a ese apodo en la forma en que decida resolver este problema.
Otra fuente veterana, muy familiarizada con la estructura del presupuesto municipal, dijo que Johnson podría fácilmente “retirar dinero de los pagos médicos” sin arriesgarse a lo que sería una humillante derrota política en el Concejo.
“No puede permitirse perder otra votación. Le convendría más maniobrar dentro del contexto del presupuesto que ya aprobó que exponerse ante todo el mundo”, dijo la fuente.
De hecho, Johnson ya ha sentado un precedente al mover dinero sin la autorización del Concejo.
Poco antes de finalizar los registros financieros de 2023, Johnson desvió $95 millones de fondos federales de ayuda para la pandemia para cubrir el creciente coste de la crisis migratoria en Chicago. Informó a los miembros del Concejo Municipal, pero no solicitó su aprobación.
Posteriormente, Conway y el expresidente de Finanzas, Scott Waguespack (32º), unieron fuerzas para proponer una ordenanza que habría requerido la aprobación previa del Concejo para cualquier gasto superior a $1 millón de los fondos que la Municipalidad recibió del paquete de ayuda federal por la COVID-19, conocido como el Plan de Rescate Estadounidense. Sin embargo, la ordenanza quedó sepultada en el Comité de Reglamentos.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago