El alcalde Brandon Johnson y los alcaldes de otras tres ciudades santuario han sido llamados a declarar ante el Congreso como parte de una investigación sobre cómo las políticas locales están afectando la aplicación de la promesa del presidente Donald Trump de “deportaciones masivas”.
La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, el alcalde de Denver, Mike Johnston, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, también fueron citados a declarar en una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes el 11 de febrero.
También se les pidió a los alcaldes que entregaran todos los documentos y mensajes relacionados con el estatus de santuario de sus ciudades, incluidos aquellos entre cada ciudad, organizaciones no gubernamentales y funcionarios estatales.
“Las jurisdicciones santuario y sus políticas equivocadas y obstruccionistas obstaculizan la capacidad de los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley para efectuar arrestos seguros y expulsar a criminales peligrosos de las comunidades estadounidenses, lo que hace que los estadounidenses estén menos seguros”, escribió el lunes el presidente del comité, James Comer (R-Ky.), en una carta a Johnson.
“Además de los esfuerzos de la administración de Trump para garantizar que la aplicación de la ley federal de inmigración pueda proceder sin impedimentos, el Congreso debe determinar si es necesaria una legislación adicional para mejorar la seguridad fronteriza y la seguridad pública”.
La oficina de Johnson no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
No es la primera amenaza del gobierno federal que se interpone en las políticas de ciudad santuario de la ciudad.
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, junto con otros 10 fiscales generales, rechazó el jueves un memorando del Departamento de Justicia que solicita investigaciones de los funcionarios estatales y locales que “amenazan con impedir” la aplicación de las iniciativas de inmigración de la administración de Trump.
“Si bien el gobierno federal puede utilizar sus propios recursos para la aplicación de las leyes federales de inmigración, el tribunal dictaminó en Printz v. Estados Unidos que el gobierno federal no puede ‘obligar a los agentes de policía de los 50 estados a que se pongan a su servicio, y sin costo alguno para sí mismo’”, dijeron los fiscales generales en un comunicado el jueves.
“El presidente ha hecho amenazas preocupantes de utilizar la autoridad y los recursos del Departamento de Justicia de Estados Unidos como arma para atacar a los funcionarios públicos que actúan en cumplimiento de las leyes de sus estados, interfiriendo con su capacidad de generar confianza en las comunidades a las que sirven y protegen”.
A la coalición Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD, por sus siglas en inglés), se le negó una solicitud de audiencia de emergencia o mandato judicial en su demanda contra la administración de Trump por sus planes de “deportaciones masivas”, y un juez federal de distrito dijo que sus grupos no habían sido el objetivo de los esfuerzos federales de inmigración.
Su demanda cita infracciones a la Primera Enmienda debido al miedo causado por la amenaza y posterior ejecución de redadas por parte de las autoridades federales de inmigración.
En su negativa, el juez federal de distrito Edmond E. Chang planteó dudas sobre la necesidad de una audiencia de emergencia dado que los demandantes no eran los objetivos de las redadas, según documentos judiciales. Chang dijo que el cronograma ya acelerado para las reuniones informativas “continúa siendo el camino correcto”.
Antes de la solicitud de una orden de emergencia, el gobierno debía responder a la demanda antes del mediodía del miércoles, según documentos judiciales. No se ha fijado una audiencia.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago