43 estudiantes desaparecieron en México hace una década; sus padres continúan exigiendo respuestas

TIXTLA, México — Clemente Rodríguez ha estado documentando la larga búsqueda de su hijo desaparecido con tatuajes.

Primero, fue un dibujo a tinta de una tortuga —un símbolo de la escuela de Christian Rodríguez, de 19 años— con una tortuga más pequeña en su caparazón. Luego vino una imagen de la santa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, acompañada por el número 43. Más tarde: un tigre que representa la fuerza y una paloma que representa la esperanza.

“¿De qué otra manera mi hijo va a saber que lo he estado buscando?”, dijo Rodríguez.

Para el padre desconsolado, el arte corporal es evidencia de que nunca ha dejado de buscar, una prueba que espera algún día poder mostrarle a su hijo.

El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un joven alto que amaba la danza folklórica y que acababa de inscribirse en una escuela de maestros en el estado sureño de Guerrero, México, desapareció con 42 de sus compañeros de clase.

Desde entonces, cada año, el 26 de cada mes, Clemente Rodríguez, su esposa Luz María Telumbre y otras familias se reúnen en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y emprenden el largo viaje en autobús hasta la capital, Ciudad de México, para exigir respuestas.

Lo volverán a hacer esta semana, en el décimo aniversario de la desaparición de sus hijos.

“Es duro, muy duro”, dijo Clemente Rodríguez.

Muchas preguntas, pocas respuestas

Los 43 estudiantes se encuentran entre las más de 115,000 personas que aún se encuentran reportadas como desaparecidas en México, un reflejo de numerosos crímenes sin resolver en un país donde los activistas de derechos humanos dicen que la violencia, la corrupción y la impunidad han sido la regla desde hace mucho tiempo.

A lo largo de los años, las autoridades han ofrecido diferentes explicaciones. El gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel de la droga, y que los cuerpos fueron entregados a figuras del crimen organizado, quienes los quemaron en un basurero y arrojaron las cenizas a un río. Un fragmento de hueso de uno de los estudiantes fue encontrado más tarde en el río.

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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fuente del ataque. Pero el actual Departamento de Justicia, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad formada para investigar la desaparición de los estudiantes, refutaron la historia sobre la incineración de los cuerpos en un basurero.

Acusaron a altos ex funcionarios de plantar el fragmento de hueso para que encajara con su narrativa. También desenterraron pistas en un lugar diferente, incluidos fragmentos de hueso de uno de los pies de Christian.

Pero las familias aún no tienen respuestas sólidas sobre lo que les pasó a los estudiantes.

Rodríguez está lejos de estar convencido de que su hijo esté muerto.

Poco después de la desaparición de los estudiantes, sus padres comenzaron a buscarlos en pueblos remotos de las montañas, a menudo controlados por pandillas. Se encontraron con otros que habían sido desplazados por la violencia. El miedo estaba en todas partes.

“Cuando salía de casa, nunca sabía si volvería con vida”, dijo Rodríguez.

Durante la búsqueda, Christina Bautista, de 49 años, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, dijo que unos desconocidos le dijeron que llevaban tres años buscando a un hijo y cinco a una hija. Ella pensó que sería cuestión de semanas.

“No lo podía soportar”, dijo Bautista. “¿Cómo podía haber tantos desaparecidos?”.

Se encontraron decenas de cadáveres, pero no los de sus hijos.

Una década de lucha, vidas trastornadas

Antes de la desaparición de su hijo, Rodríguez vendía jarras de agua desde la parte trasera de su camioneta y cuidaba una pequeña colección de animales en el pueblo de Tixtla, no lejos de la escuela. Telumbre vendía tortillas hechas a mano cocinadas sobre una fogata de leña.

Cuando los estudiantes desaparecieron, dejaron todo. Los padres vendieron o abandonaron sus animales, dejaron los campos desatendidos y confiaron a los abuelos el cuidado de otros niños.

Rodríguez, de 56 años, ha logrado reunir parcialmente su rebaño de ganado y ha plantado maíz en la parcela de tierra de la familia. El principal ingreso de la familia proviene de artesanías caseras que venden en viajes a la Ciudad de México: esteras tejidas con juncos, botellas de mezcal de elaboración local de un tío decoradas con hilo y caras de tigres de colores y servilletas de tela bordadas por Telumbre.

A veces, Rodríguez visita su tierra para pensar o desahogar su ira y tristeza.

“Me pongo a llorar, lo saco todo”, dijo.

Clemente Rodríguez, cuyo hijo Christian es uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cuida su cultivo de maíz en Tixtla, en el estado de Guerrero, al sur de México.

Felix Marquez / AP

Encontrando apoyo en Ayotzinapa

Algunos padres encuentran consuelo en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que capacita a los estudiantes para enseñar en aldeas pobres y remotas. Forma parte de una red de instalaciones educativas rurales con una historia de activismo radical. Las paredes de la escuela están pintadas con lemas que exigen justicia para los estudiantes desaparecidos y también muestran murales en honor al Ché Guevara y a Carlos Marx.

Para las familias más pobres, Ayotzinapa ofrece una salida. Los estudiantes reciben alojamiento, comida y educación gratis. A cambio, trabajan.

La atmósfera tiene matices militaristas. Los nuevos estudiantes tienen la cabeza rapada. El primer año se trata de disciplina y supervivencia. Se les exige que cuiden el ganado, planten campos y se apropien de autobuses para ir a las protestas en la capital. Los estudiantes que desaparecieron en 2014 fueron secuestrados de cinco autobuses que habían tomado en la ciudad de Iguala, 120 kilómetros al norte de la escuela.

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En Ayotzinapa, los padres que llegan de pueblos de las profundidades de las montañas se reúnen en la cancha de baloncesto de la escuela, una plataforma de concreto debajo de un pabellón donde 43 sillas aún sostienen fotografías de cada uno de los estudiantes desaparecidos. Los estudiantes tratan a los padres con respeto y cariño, saludándolos como “tía” o “tío” cuando pasan por las puertas vigiladas.

Reunirse con el presidente, una decepción

A finales de agosto, Rodríguez y otros padres se reunieron por última vez con López Obrador, quien deja el cargo a finales de este mes.

El intercambio fue una gran decepción.

“En este momento, esta administración es igual a la de Enrique Peña Nieto”, dijo Rodríguez. “Ha tratado de burlarse de nosotros” ocultando información, protegiendo al Ejército e insultando a los abogados de las familias.

López Obrador ha dicho que su gobierno ha hecho todo lo posible para encontrar respuestas, señalando decenas de arrestos, incluido el de un ex fiscal general acusado de obstrucción a la justicia.

Pero ha restado importancia al papel de los militares. Hace años, López Obrador declaró el secuestro de los estudiantes como un “crimen de Estado”, señalando la participación de las autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército.

Las familias se reunieron en julio con la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien asume el cargo el martes, pero ella no hizo promesas ni compromisos.

“Durante estos 10 años, hemos aprendido mucho sobre la ofuscación… la mentira”, dijo Rodríguez. Las principales autoridades militares y gubernamentales “tienen las respuestas”, afirmó. “Pueden revelarlas”.

Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago

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