Casi un año después de que el presidente Donald Trump lanzara su campaña de deportaciones por toda el área de Chicago, un grupo de residentes inició el lunes un nuevo esfuerzo para responsabilizar a los agentes federales por presuntos delitos, presentando denuncias policiales y exigiendo investigaciones.
Entre ellos está Marimar Martínez, la mujer a la que el agente de la Patrulla Fronteriza, Charles Exum, le disparó cinco veces en octubre pasado. A pesar de indicios iniciales de una investigación federal sobre las circunstancias de su tiroteo, Martínez dijo que no ha sido entrevistada por los agentes federales en los 10 meses transcurridos desde entonces.
Así que por primera vez el lunes, Martínez pidió en cambio a las autoridades estatales y locales que actúen. Lo hizo al unirse a ocho personas más que marcharon hasta la sede del Área 3 del Departamento de Policía de Chicago en North Center para denunciar los presuntos delitos de los federales.
“Hoy exijo que nuestras autoridades locales y estatales hagan su trabajo y protejan a sus ciudadanos de estas conductas criminales que [Inmigración y el Control de Aduanas] y la Patrulla Fronteriza han infligido a sus víctimas”, dijo Martínez.
Ningún agente federal ha sido acusado de un delito en servicio relacionado con el Operativo Midway Blitz, a pesar de las amplias llamadas a la rendición de cuentas. La jueza de circuito del Condado de Cook, Erica Reddick, en mayo negó una solicitud de un fiscal especial que podría haber investigado a los agentes, tras preguntar si alguien había presentado realmente una denuncia policial.
“Hoy respondemos a esa preocupación”, dijo Berto Aguayo, abogado y organizador comunitario, quien asegura que él y otros fueron rociados indiscriminadamente con gas lacrimógeno por agentes federales.
“Cuando la gente común tiene el coraje de hacer su trabajo como ciudadanos, esperamos que las personas encargadas de hacer cumplir nuestras leyes hagan el suyo”, comentó Aguayo. “Así que hoy tenemos tres palabras para la Fiscal del Condado de Cook y cualquier otro organismo investigador: hagan su trabajo”.
La oficina de la Fiscal del Condado de Cook, Eileen O’Neill Burke, ha subrayado que es responsabilidad de agencias de cumplimiento de la ley como el Departamento de Policía de Chicago (CPD) investigar y construir un caso contra los agentes acusados de violar la ley antes de que su oficina pueda presentar cargos.
Eso convierte la “presentación masiva” de denuncias del lunes en un posible paso clave para ese fin, especialmente dada la pregunta planteada por Reddick. Un portavoz de CPD dijo el lunes que cada denuncia “será revisada para determinar si existió una violación de la ley local o estatal”.
Mientras tanto, la oficina de O’Neill Burke formó en julio un nuevo grupo de trabajo para ayudar a guiar y apoyar ese tipo de investigaciones —incluyendo evaluar si procede presentar cargos criminales. Su oficina también publicó un protocolo para la presentación de cargos a principios de año.
“Nadie está por encima de la ley —incluyendo los agentes federales— y la [Oficina de la Fiscal del Estado del Condado de Cook] no dudará en procesar cualquier caso cuando esté respaldado por la evidencia y la ley”, dijo la oficina de Burke en un comunicado.
La comisionada del Condado de Cook, Jessica Vásquez, ayudó a organizar la presentación del lunes. Dijo que todos los que denunciaron un delito contaban con su propio abogado y con pruebas para presentar ante la policía. También prometió que el acto del lunes no sería el último.
Brian Orozco, abogado que ayudó a muchos clientes el lunes, dijo que los presuntos delitos iban desde detención ilegal hasta agresión física e intento de homicidio.
Jimmy Arce, de la Illinois Accountability Commission, también reconoció “una voz muy importante que no pudo hablar con nosotros porque su vida fue truncada”. Era una referencia a Silverio Villegas González, un padre que fue asesinado a tiros por agentes de ICE en Franklin Park el pasado septiembre.
En abril, la Policía Estatal de Illinois abrió una investigación sobre la muerte de Villegas González.
Otros han intentado —y fracasado— notificar a la policía local. Leo Feler, un hombre de Lake View que asegura que agentes entraron ilegalmente en su casa para perseguir a trabajadores de construcción, dijo que intentó dos veces presentar denuncias en una estación de policía de Chicago.
La primera vez lo rechazaron. La segunda vez, dijo, un oficial presentó un reporte de policía por daño criminal a la propiedad, pero más tarde recibió una llamada de un sargento informándole que no seguirían adelante con el caso.
No fue hasta el mes pasado que el CPD emitió finalmente directrices formales sobre cómo tratar las quejas contra agentes federales.
La guía llegó tras la indignación pública porque el departamento no estaba cumpliendo una orden ejecutiva municipal de seis meses que exigía al departamento desarrollar procedimientos formales para recibir quejas y recopilar pruebas contra agentes federales sospechosos de infringir la ley.
Las nuevas directrices exigen que los oficiales notifiquen a sus supervisores de una denuncia y llenen un reporte informativo identificando al agente o agencia federal involucrada, así como la información de testigos y denunciantes. Los oficiales deben entregar al denunciante un número de informe.
Además, las denuncias pueden escalarse tras la revisión de los supervisores. Por ejemplo, si el incidente involucró una muerte, un tiroteo u otro acto de violencia, el caso sería remitido a la policía judicial del CPD y luego, potencialmente, a la oficina de la Fiscal del Condado de Cook.
La oficina de O’Neill Burke formó en julio un nuevo grupo de trabajo para abordar el tipo de investigaciones que buscaban Martinez y otros el lunes.
Conocido como el Federal Enforcement Action Felony Review Group, está destinado a ayudar en “asuntos que involucren actividad de aplicación de la ley federal en servicio, incluyendo acciones de control migratorio, conducta relacionada con el derecho a votar y actividad electoral, y cualquier otra mala conducta perpetrada por agentes federales que sea potencialmente de índole criminal”, según la oficina de Burke.
Se espera que incluya miembros de las unidades de revisión de delitos graves y de gran jurado de la oficina de Burke, entre otros, con preferencia por personal con experiencia en cortes federales.
Si bien la oficina de O’Neill Burke debe aprobar cualquier cargo por delito grave, las fuerzas del orden locales tienen la facultad de decidir de forma independiente sobre cargos por delitos menores.
La visita de Martínez al interior de la jefatura del Área 3 duró aproximadamente dos horas. Más tarde dijo que a los oficiales les tomó al menos media hora tomarles la declaración. Una vez fuera, dijo que se había sentido bien con la experiencia.
“Después de 10 meses, he estado esperando esto”, dijo Martínez. “En realidad, he estado esperando a que esto saliera a la luz y a hablar. Es hora. El cambio empieza con nosotros”.
Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (IA) y editado por los seres humanos de La Voz Chicago