El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que exige el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos.
La orden exige a la recién confirmada Secretaria de Educación, Linda McMahon, “tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales”.
Esto sucede después de que la administración ya hubiera tomado medidas para reducir su personal en casi un 50% mediante despidos, indemnizaciones y descansos. Estos despidos afectaron gravemente la aplicación de las leyes antidiscriminación en las escuelas por parte de la Oficina de Derechos Civiles, que incluye la eliminación de siete oficinas regionales, incluida la de Chicago.
Estas medidas tienen implicaciones significativas para los gobiernos estatales y locales, los distritos escolares, los colegios y universidades, así como para las familias y los niños que dependen de estas instituciones.
Ni las masivas reducciones de personal planificadas ni el cierre total del departamento representarían un desastre para la educación estadounidense. Otras agencias gubernamentales podrían mantener importantes fondos federales, como antes de la creación del Departamento de Educación por el Congreso en 1979.
Sin embargo, la agencia de $79 mil millones supervisa la ayuda financiera federal para estudiantes universitarios y ofrece una supervisión clave de los servicios de educación especial y las leyes de derechos civiles que muchos temen estén en riesgo.
Quienes apoyan el movimiento conservador para eliminar el departamento han buscado privatizar la educación ampliando el uso de fondos públicos para que los estudiantes asistan a escuelas privadas y religiosas. Y han buscado influir en la enseñanza en las escuelas públicas.
Entonces, ¿cuáles son exactamente los planes de Trump y cómo podrían afectar a la educación local en Illinois?
Estas son algunas respuestas.
Trump no puede desmantelar el Departamento de Educación mediante una orden ejecutiva
Trump no puede simplemente cerrar el Departamento de Educación, ni ninguna otra agencia federal, mediante una orden ejecutiva. El Congreso creó el departamento y este tendría que cerrarlo. Además, cualquier plan de desmantelamiento probablemente incluya el traslado de algunas funciones esenciales a otros departamentos federales.
Hay algunos intentos iniciales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para disolver la agencia, pero sus posibilidades de aprobación son inciertas.
Lo mismo ocurre con el Título I, que distribuye fondos a las escuelas que atienden a un alto porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos, y la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, que exige una educación pública gratuita y apropiada para niños con discapacidades. Ambas leyes se administran a través del Departamento de Educación, pero fueron creadas por el Congreso y necesitarían ser derogadas.
Por ahora, Trump está reduciendo drásticamente su personal. El 11 de marzo, cuando el departamento anunció los despidos masivos, afirmó que preveía que su plantilla se redujera de 4,133 a 2,183 trabajadores. Veinte estados, incluyendo Illinois y Washington D.C., han demandado para bloquear los despidos, alegando que la administración de Trump no tiene la facultad de desmantelar ninguna agencia. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, calificó la orden ejecutiva de Trump de inconstitucional y “absurda”.
Al menos 50 empleados de Chicago fueron despedidos, y algunos aceptaron ofertas de renuncia, según documentos enviados por el departamento a los representantes sindicales. Los despidos eliminaron la Oficina de Derechos Civiles de Chicago, según informó el sindicato que representa a los empleados del departamento. Es una de las siete oficinas regionales de derechos civiles cerradas, dejando sólo cinco oficinas abiertas en todo el país, en un momento en que el Departamento de Educación enfrenta una acumulación de quejas de estudiantes y familias.
Los despidos en Chicago también afectaron gravemente a la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, que supervisa la ayuda financiera universitaria federal. Los despidos en otras áreas del gobierno federal han sido impugnados en los tribunales, y algunos han sido revocados.
Antes de los despidos masivos, la administración de Trump ya había ordenado la suspensión o el despido de algunos empleados del Departamento de Educación. También había realizado recortes, incluyendo la casi eliminación de la rama de investigación del departamento y la cancelación de subvenciones para programas de formación docente, incluyendo uno en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) que una corte bloqueó el 11 de marzo.
Trump también podría intentar debilitar el Título 1, la ley IDEA y su labor de aplicación de las leyes antidiscriminación proponiendo recortar sus presupuestos o incluso eliminar el gasto por completo. Él o el Congreso podrían eliminar ciertas subvenciones federales o reescribir políticas o directrices que eliminen la supervisión federal de la educación que proporciona el departamento.
En su audiencia de confirmación, la secretaria de educación McMahon comentó lo siguiente sobre los posibles recortes presupuestarios: “El objetivo del presidente no es quitarle financiamiento a los programas. Sólo busca que funcionen de manera más eficiente”. También afirmó que la ley IDEA no sería objeto de recortes.
Al firmar la orden ejecutiva, Trump dijo que su administración cerrará el departamento más allá de sus “necesidades básicas”, preservando sus responsabilidades de financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, becas Pell para estudiantes universitarios y dinero para niños con discapacidades.
Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago